Un juez anticorrupción ordenó que el ex mandatario cumpla la medida en el penal de San Pedro, en La Paz, por presuntas irregularidades cometidas cuando era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
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La Justicia de Bolivia dispuso este viernes cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Indígena, ocurridas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. La medida fue dictada por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien consideró acreditados los riesgos de fuga y de obstrucción del proceso.
Arce deberá permanecer detenido en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, mientras avanza la investigación por un presunto daño económico al Estado vinculado a desvíos de fondos destinados a proyectos productivos comunitarios. El Fondo Indígena fue creado para financiar iniciativas rurales y campesinas, pero una auditoría realizada en 2015 detectó transferencias a cuentas particulares sin controles adecuados.
Según la Fiscalía, el ex mandatario habría autorizado pagos y omitido supervisar la correcta ejecución de los proyectos, lo que lo ubicaría dentro de la cadena de responsabilidad administrativa. La imputación incluye los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
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La audiencia cautelar se realizó de manera virtual y fue adelantada respecto del horario previsto. Arce participó desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde se encontraba detenido desde el miércoles. Durante su declaración, rechazó los cargos y aseguró ser víctima de una persecución política, al tiempo que denunció irregularidades en el procedimiento de su detención.
La defensa del ex presidente solicitó su liberación inmediata, argumentando la presunción de inocencia, su edad, el arraigo y la inexistencia de riesgos procesales. No obstante, el magistrado resolvió mantener la prisión preventiva y determinó que el cumplimiento de la medida en San Pedro facilitaría eventuales traslados médicos.
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Desde el Gobierno y el sistema judicial, las autoridades defendieron la legalidad del proceso. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó que el Ministerio Público actuó dentro de sus atribuciones y remarcó que la Justicia “no reconoce fueros ni privilegios”.
La defensa de Arce anunció que apelará la decisión ante una instancia superior. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar al Fondo Indígena en el centro del debate público y reaviva la tensión política dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), en un contexto de disputas internas tras la salida de Arce del poder.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
