Empresas de transporte urbano paralizaron gran parte de sus servicios para reclamar medidas urgentes frente al avance del crimen organizado. El Gobierno desplegó más de 13.000 policías y pidió priorizar el teletrabajo.
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Diversos gremios de transporte urbano de Lima y la vecina provincia del Callao cumplen este miércoles una paralización para exigir al Gobierno de Perú mayores medidas de seguridad ante el aumento de extorsiones y asesinatos cometidos por bandas criminales contra choferes y trabajadores del sector.
La protesta, que se desarrolla de manera mayoritariamente pacífica, fue acatada por gran parte de las empresas de transporte en distritos populosos del sur, este y norte de la capital peruana, así como en Callao. No obstante, algunas unidades formales e informales continuaron prestando servicio, en muchos casos con tarifas más elevadas.
En paralelo, sistemas formales como el Metropolitano, los corredores complementarios de autobuses y las líneas del Metro mantuvieron su funcionamiento habitual, registrando una alta demanda de pasajeros ante la reducción del transporte tradicional.
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Gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) habían anunciado la paralización total de sus unidades y la realización de movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Frente a este escenario, el director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Manuel Lozada, informó que se desplegaron 13.000 agentes en Lima para garantizar el orden público. “Hasta el momento no hay novedad. Tenemos también 13 buses de la PNP en reserva ante cualquier necesidad para transportar a los ciudadanos”, indicó.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitó a las empresas que prioricen el teletrabajo y otorguen hasta cuatro horas de tolerancia en el ingreso a los centros laborales, con el objetivo de reducir el impacto de la medida de fuerza.
Se trata del primer paro del año en el sector del transporte público, que durante 2025 protagonizó varias protestas similares. Los gremios denuncian que la delincuencia organizada exige el pago de cupos para circular por distintas zonas, bajo amenazas de ataques armados contra colectivos y trabajadores.
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Desde el sector aseguran que el estado de emergencia vigente desde octubre no logró frenar la violencia. El portavoz de Transportes Unidos, Martín Ojeda, afirmó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 murieron 73 trabajadores del transporte público en ataques de bandas criminales, y que en lo que va de 2026 ya se registraron al menos tres nuevas víctimas.
El lunes, el presidente José Jerí mantuvo una reunión con representantes del gremio en el Palacio de Gobierno y aseguró que acompañaría el reclamo. “Hay una tarea común que es avanzar, controlar, mitigar, reducir y desaparecer la delincuencia”, expresó, al referirse a la crisis de seguridad que atraviesa el sector.
Fuente y foto: EFE


