El Gobierno de transición que encabeza José Jerí dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y restringió derechos constitucionales para enfrentar la escalada delictiva en la provincia del sur peruano.
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El Gobierno de transición de Perú, presidido por José Jerí, decretó este viernes el estado de emergencia en la provincia de Pisco, ubicada en la región sureña de Ica, ante el fuerte incremento de la criminalidad, marcado por homicidios, extorsiones y delitos violentos.
La medida fue adoptada tras recibir informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que alertaron sobre una “afectación al orden interno y la seguridad ciudadana” por el accionar de organizaciones criminales. El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, establece que el régimen de excepción tendrá una duración inicial de 60 días.
Con esta decisión, Pisco se suma a otras zonas del país como Lima y el Callao, que permanecen bajo estado de emergencia desde octubre, en un contexto donde la inseguridad es señalada por la población como el principal problema nacional.
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Durante la vigencia de la medida, la Policía mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que podrán intervenir en tareas de patrullaje, control territorial, operativos de identificación y búsqueda de personas con pedido de captura. Además, se facultó a las fuerzas de seguridad a definir zonas de intervención prioritaria.
El decreto también dispone la restricción temporal de derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. En paralelo, se estableció que las actividades públicas masivas deberán contar con autorización previa de las autoridades.
Como parte del operativo, el Ejecutivo ordenó la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, junto a comités de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, para articular las acciones contra el delito.
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La decisión fue tomada luego de una visita oficial de José Jerí a Pisco, donde, junto a varios ministros, supervisó la situación de seguridad, entregó equipamiento y armamento a la Policía y recorrió instalaciones portuarias y del sector agroindustrial.
En ese marco, el ministro de Justicia, Walter Martínez, encabezó además un operativo en el penal de Ica, donde se requisó un pabellón que alberga a más de 170 internos detenidos por delitos como sicariato y asociación criminal.
El Gobierno de transición, que permanecerá en funciones hasta julio, reiteró que la lucha contra la inseguridad ciudadana es uno de sus ejes centrales, junto con el sostenimiento de la estabilidad económica y la organización de las elecciones generales previstas para abril.
Fuente y foto: EFE
