El presidente colombiano Gustavo Petro someterá su reforma laboral a consulta popular tras ser rechazada en el Congreso. Los empresarios temen su impacto, mientras que el gobierno enfrenta desafíos con el abstencionismo electoral.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido someter a referendo su controvertida reforma laboral, una de sus principales propuestas de gobierno. La consulta popular, que se radicará el próximo 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, surge después de que el Congreso rechazara por segunda vez su proyecto de ley. El mandatario colombiano acusa al Legislativo de obstruir sus iniciativas, lo que lo llevó a optar por un mecanismo directo con la población.
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La reforma busca garantizar derechos laborales fundamentales como una jornada laboral de ocho horas, el pago de un recargo del 100% en días festivos y la creación de contratos laborales para los aprendices. Estos puntos cuentan con el apoyo popular, según la economista Diana Salcedo, quien asegura que los opositores a la reforma son aquellos que se benefician de un sistema que precariza los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la reforma ha generado una fuerte oposición en sectores como los empresarios, quienes advierten sobre los impactos negativos en la economía, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en Colombia. Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, estima que los sobrecostos laborales podrían alcanzar un 30%, lo que califican como inconstitucional, al no contar con un análisis fiscal adecuado.
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El gobierno no solo enfrenta la oposición política y empresarial, sino también un desafío con la participación electoral. Colombia ha tenido históricamente bajos niveles de abstencionismo en las consultas populares, lo que pone en riesgo la validez del referendo. Para que la consulta sea válida, se necesita la participación de al menos 13,6 millones de electores, un reto considerable que el gobierno intentará superar con una campaña para incentivar la participación ciudadana.
Con esta decisión, Petro pone a prueba no solo su capacidad para reformar el sistema laboral, sino también la efectividad de la consulta popular como herramienta para impulsar su agenda política en un país marcado por desafíos económicos y sociales.
Fuente: RFI.
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