«Como presidente del Senado y del Congreso Nacional, y dadas las circunstancias del caso concreto y la urgencia del momento, formulo la solicitud de despliegue de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar el orden público», dice el oficio enviado a Lula por Pacheco a pedido de la oposición derechista.
La gobernadora de Río Grande do Norte, Fátima Bezerra, del gubernamental Partido de los Trabajadores, se ha negado a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, como hoy le pidieron las federaciones empresarias y la oposición bolsonarista dentro de su estado.
Al menos 30 personas fueron detenidas hoy por la policía vinculadas a los ataques incendiarios lanzados por el Sindicato del Crimen, organización narco de Río Grande do Norte que diseminó el terror luego de que se le confiscara armamento pesado y se trasladaran a sus líderes a cárceles de máxima seguridad.
El Gobierno nacional envió 500 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad, tropa de elite policial, para detener la ola de ataques que en las últimas horas se concentró contra colectivos en Natal, la capital.
Por su parte, el secretario nacional de seguridad, Tadeu Alencar, negó que sea necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas. «Estamos colaborando con el enfrentamiento de la policía al crimen organizado», dijo, según la cadena GloboNews
Los comercios cerraron sus puertas desde el martes y se suspendieron las clases en gran parte del estado, a la vez que el sector turístico indicó que sufrió cancelaciones a raíz de la ola de violencia.
Al menos dos personas murieron en tiroteos con la policía, entre ellos un líder de la banda conocido como «El Argentino».
El gobierno de Lula decretó la intervención en el servicio penitenciario de Río Grande do Norte debido a que la organización criminal es comandada desde los presidios.
El Sindicato del Crimen lucha permanentemente sobre el control del tráfico de drogas con la banda más grande del país, el PCC, el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones comprobadas en Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay.
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