Un grupo de políticos y académicos ha propuesto un amplio proceso de diálogo político en Colombia, en respuesta a la situación crítica que enfrenta el país y las recientes denuncias de un golpe de Estado en marcha contra el presidente Gustavo Petro.
Durante un foro celebrado en Caracas, los participantes abogaron por celebrar discusiones entre actores colombianos, con la mediación de Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).
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El canciller venezolano, Yván Gil, destacó la importancia de este espacio de diálogo, en un contexto de «agudización de la crisis» en Colombia y el reconocimiento del golpe de Estado denunciado por Petro. El comunicado emitido al finalizar el foro enfatiza el compromiso con principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.
Los asistentes al foro subrayaron que este proceso de discusión política no solo representaría un avance hacia la estabilidad en Colombia, sino que también sería una continuidad de los esfuerzos de la Revolución Bolivariana en los diálogos de paz previos con diversos grupos armados. Además, se hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que contribuya al diálogo y se fortalezcan las relaciones entre Venezuela y Colombia, las cuales han mejorado desde la llegada de Petro al poder.
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En el foro participaron alrededor de 60 personalidades, incluidas colombianos residentes en Venezuela, quienes expresaron su deseo de involucrarse en estas iniciativas. El canciller Gil mencionó que las propuestas han sido entregadas al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Esta propuesta de diálogo surge en un momento crítico, ya que el presidente Petro ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral ha asumido competencias indebidas y ha abierto una investigación por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. Expertos consideran que esta maniobra política viola la Constitución y el fuero presidencial, y es vista como un intento por parte de magistrados cuestionados de desestabilizar su gobierno.
Fuente: Telesur.
