La Justicia dejó sin efecto la probation por incumplimientos reiterados del imputado.
La jueza de ejecución penal de Rawson, Eve Ponce, resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba otorgada a Leandro Vázquez y dispuso que el caso continúe hacia un juicio oral y público. El imputado había sido declarado responsable por provocar un accidente de tránsito con lesiones graves.
La decisión dejó sin efecto una resolución previa de la jueza de garantías Karina Breckle, quien en abril del año pasado había concedido el beneficio bajo una serie de condiciones. Sin embargo, el acusado no cumplió con los compromisos establecidos, lo que derivó en la revisión de la medida.
Durante la audiencia, la magistrada fue contundente al fundamentar su decisión. “A casi un año de resolverse la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, solamente en una oportunidad se presentó en la Oficina Judicial”, sostuvo Ponce, y remarcó la falta de voluntad para cumplir incluso con las pautas más básicas.
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Desde el Ministerio Público Fiscal también cuestionaron el comportamiento del imputado. La funcionaria Analía Acuña señaló que no hubo avances en el cumplimiento de las obligaciones, ni siquiera en la presentación periódica ni en el pago comprometido.
El hecho que originó la causa ocurrió el 8 de noviembre de 2023, cuando Vázquez conducía un Volkswagen New Beetle y, tras una maniobra imprudente, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Fiat Cronos que circulaba hacia Trelew. Como consecuencia, el conductor del segundo vehículo sufrió múltiples lesiones graves y una prolongada incapacidad.
En el marco de la probation, el imputado debía cumplir 250 horas de trabajo comunitario, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial, respetar pautas de conducta y abonar una suma económica. Estas condiciones habían sido acordadas entre la fiscalía, representada por Patricia Cárcamo, y la defensa.
A pesar de los reiterados llamados judiciales, Vázquez mostró resistencia a comparecer, lo que obligó incluso a su traslado por la fuerza pública en la última audiencia. El defensor oficial Pablo Sánchez había solicitado una prórroga para regularizar la situación, pero el pedido fue rechazado.
Fuente y foto: MPF.


