La jueza federal Mariel Borruto intervino en la acción presentada por organizaciones ambientalistas y excombatientes contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que operan en la plataforma continental argentina, al norte de las Islas Malvinas.
La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en una causa iniciada contra las empresas petroleras extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al desarrollo del proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion, también denominado León Marino.
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La acción preventiva por posible daño ambiental y soberano fue presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Las organizaciones solicitaron que las compañías cesen y se abstengan de avanzar con el proyecto, previsto en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La resolución de Borruto coincidió con los argumentos planteados por la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, que consideró que la actividad proyectada podría afectar recursos ambientales de carácter interjurisdiccional. Entre la infraestructura prevista para Sea Lion se encuentran pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de líneas de flujo y sistemas de conexión.
Según la presentación judicial, las empresas habrían iniciado etapas logísticas y constructivas sobre la base de licencias otorgadas por el Reino Unido, mientras que las autoridades argentinas no habrían intervenido en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la Ley General del Ambiente. La fiscalía advirtió que esa situación habría impedido evaluar integralmente las consecuencias ambientales del emprendimiento.
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Además de la cuestión ambiental, la magistrada consideró que el planteo involucra un aspecto vinculado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y su entorno marítimo. En ese marco, destacó que se trata de un interés federal y tomó en consideración la normativa argentina que establece restricciones sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental.
La jueza también dispuso la intervención de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al considerar que el proyecto se encuentra dentro de su ámbito territorial y que la provincia posee atribuciones sobre sus recursos naturales y la regulación ambiental. Por ello, ordenó dar traslado durante diez días a la Fiscalía de Estado provincial.
Como parte de las medidas iniciales, Borruto solicitó a los demandantes que informen en un plazo de cinco días si existen acciones judiciales paralelas sobre el mismo objeto, que traduzcan la documentación presentada en idioma extranjero y que incorporen documentación en formato digital. Estos elementos serán considerados al momento de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas en la causa.
