“Estamos en un estado de ahogo económico financiero desde hace rato, del cual es totalmente responsable Seros. Pueden decir lo que quieran, que si o que no, pero nos han llevado con total intención a esto, es un plan que lleva por lo menos un año, de ahogarnos de a poco”, aseveró Ruffa a Radio 3.
“Tenemos sin actualizar los valores hace un año y medio, podrán decir que es caro, lo cierto es lo que necesitamos para subsistir y mientras ellos consuman el servicio deberían por lo menos arreglar el valor, cosa que no hacen, nos pagan un valor muy atrasado”, argumentó.
“Esto nos ha llevado a incumplir con algunas de las obligaciones en primer término y finalmente con los trabajadores, que era a lo último a lo que queríamos llegar”, lamentó.
“Que digan que no son responsables también lo podemos discutir, porque el 85 por ciento de los pacientes que atendemos son afiliados de Seros. Entonces si paga o no paga, eso mueve la aguja para que podamos afrontar los sueldos”, señaló.
“Si en el 2018 cuando firmamos el último contrato les pareció justo y en el 2019 era lo mismo más la inflación, les pareció desorbitante, pasó algo en el medio”, cuestionó.
“Estuve mandando una nota por mes durante siete u ocho meses, pero no me atendieron nunca”, recriminó el médico psiquiatra.
“Nosotros tenemos 140 trabajadores en relación de dependencia, son la mayoría mujeres cabeza de familia, y entre profesionales o especialistas sumamos unas 20 personas más”, recordó.
“Estamos debiendo una cuota del aguinaldo, gran parte del sueldo de agosto y se nos viene el de septiembre”, explicó.
“Es una chicana barata decir que nosotros intimamos al desalojo de los pacientes. Cuando vi que me estaba ahogando financieramente les reclamé que se sienten a negociar o dejen de consumir el servicio, pero decir que nosotros decidimos el desalojo es una chicana barata”, rechazó ante las declaraciones que había hecho, también a Radio 3, el cuestionado vocal de los activos de Seros, Alfredo Pior.
“Dentro de nuestros pacientes están tratando de trasladar a adultos mayores a geriátricos comunes que son más baratos porque el servicio es distinto, alguien con trastornos de salud mental tienen un grado de dependencia muy alto. Tenemos funciones muy distintas a un geriátrico con el agravante que en el caso de los jóvenes no hay ningún otro lugar habilitado para brindarles atención”, advirtió Ruffa.
“Nosotros teníamos contrato por monto fijo, estoy obligado a responder por 155 pacientes, así sean uno, 10 o 20. Ellos –por Seros- toman un costo por paciente, lo que también es ridículo. Lo que no podemos aceptar que nos quieran pagar un tercio de lo que habíamos convenido en 2018”, rechazó.
“El contrato venció hace un año, pero estoy obligado por la Justicia a trabajar y brindar el mismo servicio, pero se olvidaron de obligar a Seros a actualizar el valor”, recriminó.
“Si tengo 85 pacientes de Seros y me tendría que quedar con 10, debería prescindir de la mayoría de los 140 trabajadores, inmediatamente reclamarían su indemnización y quebraría la empresa”, graficó.
“Tampoco puedo permitir que se lleven pacientes de 20 años con los que tengo una relación de afecto y sin el consentimiento de ellos y sus familias”, expuso.
“Hemos acudido al Ministerio de Salud y a diferentes organismos, no hemos llegado a esta situación de un día para el otro”, recalcó.
Criticó que “la licitación es totalmente ilícita, trucha, y lleva consigo una precarización del servicio de salud mental. Le dan preferencia a una empresa que tiene como director a un especialista en medicina laboral. Era imposible participar en esa licitación”.
Respecto del corte de ruta de los trabajadores, indicó que “no puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, entiendo que son personas a las que no puedo pagarles el sueldo, que tanto nosotros como ellos hemos agotado todas las instancias, y que en la Secretaría de Trabajo se les han reído en la cara, les dicen: “ustedes son muchos empleados, se tendrían que desprender de alguno; es ilógico, la empresa genera empleo y la secretaría de Trabajo les dice que son muchos”.
“Tenemos una gran cantidad de pacientes con distintos requerimientos: desde adultos jóvenes con todo tipo de padecimientos mentales; deprimidos, otras enfermedades más graves y con problemas de adicciones hasta adultos mayores con bipolaridad, demencia y con alteraciones psicóticas”, puntualizó sobre las características de la atención de INPAT.
“No les interesa esta población porque no votan ni lucen. Este lugar que organicé hace cuatro años, y con el que no habían tenido problema en pagar hasta la última vez que no quisieron firmar, es el único en el país que está adaptado a las nuevas normativas de salud mental, que surgieron en 2010 y se actualizaron en 2016”, interpeló.
“Voy pagando en la medida que voy pudiendo. Además de las obligaciones laborales, tengo que darles de comer y los medicamentos a las 100 personas que están alojadas, tengo que pagar el alquiler de los tres lugares donde residen y los servicios. No es solamente pagar sueldos; si lo hiciera y no cumpliera con las otras obligaciones sería igual o peor, y ni hablar si no pudiera pagar la comida”, fundamentó.
“Somos una empresa ejemplar, son 140 trabajadores, 100 personas a las que brindamos el servicio tienen al menos dos familiares, además de unos 20 especialistas. Son aproximadamente 450 personas entre las que tenemos una relación impecable”, valoró Ruffa sin embargo.
“Son tres espacios que albergan pacientes y otro de consulta ambulatoria. Además de los 140 trabajadores en relación de dependencia, hay otros 20 especialistas entre talleristas, psicólogos, psiquiátricas, trabajadores sociales, profesores de Educación Física y de Música”, especificó.
