Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación revela que solo diez provincias han logrado consolidar información nominal de sus estudiantes, mientras otras enfrentan desafíos en la cobertura de datos.
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La recopilación de datos completos y nominalizados sobre los estudiantes es fundamental para garantizar un seguimiento adecuado de las trayectorias educativas y diseñar políticas focalizadas. Sin embargo, según el informe del Observatorio Argentinos por la Educación, solo diez provincias argentinas cuentan con información del 99% o más de su matrícula en los tres niveles obligatorios.
Las provincias con cobertura completa son Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Jujuy, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis. En contraste, provincias como Buenos Aires, Chaco, Misiones y San Juan reportan grandes vacíos, especialmente en el sector privado, donde la nominalización de datos es significativamente menor.
El informe destaca la importancia de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para identificar riesgos de deserción escolar y diseñar intervenciones oportunas. A pesar de las disparidades, un avance importante ha sido la expansión de la Base Nacional Homologada (BNH), que incrementó su cobertura del 74% al 84% entre 2021 y 2023. Esta herramienta permite centralizar y estandarizar datos a nivel nacional, con 20 de las 21 jurisdicciones relevadas transfiriendo información a través del Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide).
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A nivel nacional, la matrícula nominalizada es mayor en el sector estatal que en el privado. En el nivel inicial, el sector estatal alcanzó un 90% frente al 83% del privado; en primaria y secundaria, la brecha es similar. Sin embargo, en el nivel superior no universitario, el sector privado presenta mejores niveles de nominalización, con un 49% frente al 41% del estatal.
“La consolidación de un sistema de información educativa puede ofrecer una imagen integral del desempeño escolar, permitiendo a los docentes y directivos tomar decisiones más precisas para mejorar las estrategias pedagógicas”, explicó Flavia Ferrari Inchauspe, una de las autoras del informe.
No obstante, el documento señala que el acceso y uso de estos datos todavía se concentra en niveles ministeriales y directivos, dejando a docentes y comunidades educativas fuera del circuito de información. Esto limita su potencial impacto en el aprendizaje y la gestión escolar.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
