“A simple vista en la irrupción que hoy hicimos con el ministro hemos detectado situaciones anómalas, irregulares, desprolijas en cuanto a la seguridad del Instituto. Esto lo vamos a revertir en forma inmediata puertas adentro de la Policía del Chubut, previa investigación sumaria que ya hemos iniciado”, reveló Gómez en relación a los allanamientos que se realizaron esta viernes por la mañana en el IPP en el marco de una investigación por delitos extorsivos en la modalidad de Cibercrimen.
“Evidentemente algo está fallando, veremos cuáles son los motivos que han permitido tamaña desprolijidad. Esto deja claro que permite que se cometan delitos en contra de la ciudadanía”, responsabilizó.
Sobre eventuales pases a disponibilidad o relevo de las autoridades del complejo carcelario, el jefe de Policía se mostró cauto y aclaró que “no me quiero aventurar todavía porque hay cuestiones que debo informar al ministro (Massoni), pero hay situaciones graves, no nos podemos permitir que el personal sea detectado durmiendo o que haya sido autorizado de manera solapada a retirarse del establecimiento”.
UNA BANDA QUE OPERABA CON CELULARES DESDE LA CÁRCEL
“Nace a partir de la creación de la nueva fiscalía especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que está conformada por un grupo interdisciplinario que nos estamos abocando a las nuevas modalidades del Cibercrimen, y una de las más extendidas en el mundo y que ha llegado a la zona es la Sextorsion, que es una extorsión o un chantaje que parte de un perfil falso de alguna red social, en este caso utilizaban Facebook, con la foto de una adolescente o joven», explicó por su parte el fiscal Fernando Rivarola.
«Contactan hombres mayores de edad con los que intentan mantener un chat, que van subiendo de tono, transitan por lo sexual, con o sin intercambió de material fílmico o gráfico», remarcó.
«Una vez obtenido el contacto, pasa a la segunda fase del contacto telefónico vía WhatsApp, en el que viene el requerimiento de entrega de dinero, que suele tener dos modalidades: en este caso se les hace saber a las víctimas que la madre o el padre de quien sería menor de edad descubrió el chat y rompió la computadora o el televisor, y lo que le reclaman es la devolución del valor de esos bienes, que superan generalmente los 100 mil pesos», precisó.
«En la otra versión que es más grave invocan ser fiscales, han utilizado los nombres de fiscales nuestros; Osvaldo Heiber, Ariel Cabral, Alex Williams o de jueces, como Daniel Yangüela o al doctor Martín Castro, que en realidad pertenece al Poder Ejecutivo. Otra figura que han utilizado mucho es del doctor Fabián Gabalachis, un reconocido penalista de nuestro medio, suplantan la identidad, ponen las fotos de fiscales, jueces o abogados, y extorsionan gente de todo el país», expuso.
«Imitan órdenes judiciales, de modo que es bastante más grave, mucho más cuando el Código Penal sólo sanciona con una pena mínima de cinco años a esta modalidad de extorsión cuando se hace simulando una orden de autoridad pública», dijo preocupado.
«Tenemos varías víctimas de nuestra provincia, un núcleo de víctimas en Corrientes, en Gran Buenos Aires y ayer dos nuevas en Río Turbio, creemos que rondamos unos 100 perjudicados, con montos de 100 a 200 mil pesos cada uno, estamos hablando de cifras millonarias. Por supuesto que entendemos que es una asociación ilícita», consideró Rivarola.
«Hemos detectado en torno a la investigación de entornos digitales, teléfonos celulares, mail e información obtenida de WhatsApp que toda la operación ocurría por la Torre Omega, anexa al Centro Penitenciario, eso nos llevó a la sospecha de que allí estaba el núcleo del accionar de esta banda», señaló.
«Sabíamos que era un allanamiento muy sensible, un lugar de detención con muchos internos. Requeríamos que esto se hiciera de un modo respetuoso y con las garantías constitucionales, por eso hablé con el ministro y acordamos que se hagan cargo directamente los máximos jefes policiales», justificó.
«El procedimiento hasta lo que sé fue exitoso, en cuanto al número de secuestros, pero se secuestraron solamente a los teléfonos ilegales, porque cada interno tiene teléfonos asignados en el marco de la pandemia y tampoco queríamos perjudicar a los inocentes en la comunicación con sus familiares», fundamentó Rivarola en el final.
