La legislatura estatal busca castigar a quienes distribuyan píldoras abortivas desde otros estados, mientras que defensores y opositores debaten sus implicancias legales y sociales.
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La legislatura de Texas está cerca de aprobar un proyecto de ley que criminaliza la fabricación, envío y distribución de pastillas abortivas desde otros estados y ofrece recompensas de hasta 100.000 dólares a ciudadanos que denuncien a médicos o compañías que las suministren. La medida ya recibió la aprobación del Senado estatal y ahora avanza hacia la Cámara de Representantes.
El proyecto prohíbe explícitamente señalar a las mujeres embarazadas o a quienes consuman estas pastillas tras un aborto espontáneo, pero refuerza las restricciones al aborto en un estado donde ya se penaliza el procedimiento a partir de las seis semanas de gestación, muchas veces antes de que la mujer sepa que está embarazada.
Ante estas restricciones, muchas personas deben viajar a estados vecinos como Nuevo México o Colorado para acceder a abortos legales o recurrir a abortos medicados bajo telemedicina. Según datos de la Society for Family Planning, entre julio de 2023 y junio de 2024 se realizaron en Texas un promedio de 2.800 abortos al mes mediante telemedicina.
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El proyecto ha generado un enfrentamiento político y social. Defensores de los derechos reproductivos, como la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), califican la ley de “extrema” y alertan sobre el riesgo de aislar y penalizar a las texanas embarazadas y a quienes las asisten. Por su parte, los promotores de la medida sostienen que las píldoras abortivas representan la principal amenaza contra los no nacidos y que los servicios de aborto están cerrando instalaciones físicas para operar en línea.
Desde la anulación de Roe vs. Wade en 2022, 41 estados han impuesto restricciones al aborto: 12 lo prohíben por completo (incluido Texas), 22 lo limitan después de las 18 semanas y siete lo restringen antes de ese plazo.
Fuente: EFE
Foto: Archivo


