Foto: Jusnoticias Chubut.
La Cámara de Apelaciones revocó una decisión de primera instancia y dispuso que se embargue hasta el 20% de los haberes del demandado para cubrir la cuota de un préstamo de $12 millones.
La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Trelew ordenó el embargo preventivo de los haberes de un hombre denunciado por violencia de género, en una resolución que reconoce la existencia de violencia económica. La medida busca proteger a una mujer que habría sido obligada a contraer una deuda bancaria durante la convivencia.
Según consta en la causa, la víctima fue “obligada y manipulada” para solicitar un préstamo de $12 millones destinado a la compra de un automóvil para su entonces pareja. Tras la separación y la exclusión del hombre del hogar, él habría dejado de pagar las cuotas y la totalidad de la obligación quedó a cargo de la mujer.
El caso se inició a partir de una denuncia por violencia de género que incluyó agresiones físicas, verbales y amenazas con armas de fuego. Por esos hechos, el demandado ya cuenta con una condena penal dictada mediante un juicio abreviado.
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En primera instancia se había rechazado el pedido de embargo, al considerar que la discusión sobre la deuda debía tramitarse mediante un proceso ordinario. Sin embargo, los jueces Florencia Cordón Ferrando y Diego Eduardo Ferreyra sostuvieron que esa decisión desconocería el objetivo de protección establecido por la Ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará.
La Cámara consideró que trasladar injustificadamente una carga económica a la mujer puede constituir violencia económica cuando afecta sus recursos y su autonomía. Además, advirtió que obligarla a iniciar otro proceso prolongado para discutir la deuda podría implicar una forma de revictimización institucional y limitar su acceso efectivo a la Justicia.
La medida establece que se embargará hasta el 20% del sueldo del hombre, con un monto mensual estimado de $760.000, que será depositado directamente en la cuenta de la denunciante hasta cubrir las cuotas del préstamo. El tribunal aclaró que se trata de una medida provisoria destinada a frenar los efectos de la violencia económica mientras continúan los procesos correspondientes.
Fuente: Jusnoticias Chubut.
