Un juez federal de Estados Unidos denegó este la solicitud del Gobierno de Donald Trump para anular la prohibición temporal a las deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos. La medida, aplicada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, fue reactivada por el mandatario a inicios de mes con el argumento de que busca frenar la presunta expansión del grupo criminal Tren de Aragua en territorio estadounidense.
Esta normativa, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, permitió al Gobierno de Trump deportar a decenas de personas hacia una prisión de alta seguridad en El Salvador. Sin embargo, el dictamen judicial señaló que el Ejecutivo no presentó pruebas sólidas que vinculen a los deportados con la organización criminal, lo que generó críticas sobre el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
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El Gobierno venezolano también rechazó las acusaciones de Washington. Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, aseguró que ningún deportado pertenece al Tren de Aragua, mientras que familiares de los afectados denunciaron que sus seres queridos fueron arrestados y expulsados solo por tener tatuajes, sin evidencia concreta de actividad delictiva.
Tras la decisión judicial, Trump arremetió contra el juez James Boasberg, quien emitió el fallo, y cuestionó su imparcialidad. En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente pidió su inhabilitación y compartió un artículo que lo vincula con eventos legales supuestamente contrarios a su administración.
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La Casa Blanca evalúa presentar una apelación para revertir el fallo y continuar con las deportaciones. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y abogados defensores de los inmigrantes celebraron la decisión como un freno a lo que consideran una aplicación arbitraria de la ley migratoria.
Fuente: France 24.
Foto: Oficina de la Presidencia de El Salvador/AFP.
