El Gobierno de Donald Trump mantiene una investigación sobre la situación migratoria de la congresista demócrata Ilhan Omar, con el objetivo de determinar si existen fundamentos legales para revocarle la ciudadanía estadounidense. Según informó The Wall Street Journal, la pesquisa se centra en presuntas inconsistencias en los documentos presentados por su familia cuando llegó al país como refugiada somalí. La investigación se desarrolla a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que Omar buscará la reelección por el quinto distrito de Minnesota.
La indagación incluye más de diez citaciones a familiares de la legisladora para declarar ante un gran jurado en Minnesota. Además, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizaron un registro en la residencia de Omar. Durante el operativo, los funcionarios incautaron pertenencias y dispositivos electrónicos, entre ellos su pasaporte, teléfono móvil, computadoras y cuadernos personales.
Omar llegó a Estados Unidos en 1995, después de permanecer en un campo de refugiados en Kenia, y obtuvo la ciudadanía por naturalización en el año 2000. Los investigadores buscan establecer si ella o su fallecido padre modificaron su edad en la documentación migratoria, declarándola de 17 años en lugar de 18. La diferencia podría haber influido en el procedimiento mediante el cual obtuvo la nacionalidad, aunque la muerte de su padre en 2020 representa una dificultad para esclarecer quién habría sido responsable de los datos consignados.
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Desde el entorno de la congresista rechazaron la investigación y calificaron las medidas como una escalada de persecución política. Omar, una de las voces más críticas de la oposición demócrata frente a distintas decisiones de la política exterior estadounidense, considera que las acciones del Gobierno buscan intimidarla en un momento clave del calendario electoral. El caso también generó cuestionamientos sobre el uso de las agencias federales contra dirigentes opositores y miembros de comunidades migrantes.
Según los antecedentes citados por The Wall Street Journal, funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional ya habían examinado el caso durante la presidencia de Joe Biden, pero resolvieron no avanzar por falta de pruebas suficientes de fraude. Por otra parte, un organismo independiente de control del Congreso había exonerado anteriormente a Omar de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Estos antecedentes forman parte de la discusión sobre los fundamentos de la nueva investigación y las pruebas disponibles.
Hasta el momento, según la información publicada, no se había presentado una demanda judicial formal para revocar la ciudadanía de la legisladora. Una medida de esa naturaleza requiere cumplir con los procedimientos legales correspondientes y no puede concretarse únicamente por la apertura de una investigación administrativa. El caso mantiene la atención sobre los límites de las facultades del Gobierno federal, los derechos de los ciudadanos naturalizados y las tensiones políticas en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato.
Fuente: Telesur.
Foto: Democracy Now.
