Osprera, la obra social de los trabajadores rurales intervenida por la gestión de Javier Milei hace un año, solicitó a la Secretaría de Trabajo el inicio de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC). El objetivo es asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados mientras se reorganiza la estructura financiera, informó la intervención a cargo de Marcelo Carlos Petroni, abogado vinculado a Eduardo “Lule” Menem.
La decisión se produce un día después de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara medidas de prueba en una causa que investiga supuestas maniobras del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros funcionarios para intervenir Osprera y desestabilizar a la Uatre, sindicato que representa a los trabajadores rurales. La justicia busca reconstruir la cadena de decisiones que derivó en la intervención de la obra social.
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La intervención explicó que actualmente Osprera destina un 16% del gasto mensual a personal, duplicando el límite del 8% fijado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Según Petroni, el PPC permitirá un ahorro superior a $10.500 millones, garantizando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales.
El Proceso Preventivo de Crisis, según la intervención, es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en dificultades sin paralizar su funcionamiento. Se aplicará para preservar prestaciones, garantizar la provisión de medicamentos, regular relaciones con prestadores y proteger empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial.
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Osprera ya había recibido asistencia financiera durante el gobierno anterior del Frente de Todos, con un subsidio de $3.350 millones en diciembre de 2023. Sin embargo, tras la asunción de la administración de La Libertad Avanza, se decidió intervenir la obra social por decreto, desplazando al titular del gremio y estableciendo una nueva supervisión oficial bajo el contexto de la investigación judicial en curso.
Fuente: La Nación.
