Mientras las universidades nacionales culminan una semana de paro y movilizaciones, se acelera la elaboración de un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que podría ser presentado antes de fin de mes. La iniciativa cuenta con el respaldo de gremios docentes, la Federación Universitaria Argentina y rectores, y busca dar respuesta a la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y científico argentino.
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El Consejo Interuniversitario Nacional informó que al menos cuatro bloques opositores —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda— acompañarían el texto en la Cámara de Diputados. Su objetivo: presionar a las comisiones de Educación y de Presupuesto, presididas por Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert respectivamente, para que habiliten el debate parlamentario.
Ante la ausencia de un Presupuesto 2025 y el estancamiento de las comisiones legislativas, los diputados evalúan aplicar un emplazamiento que obligue a ambas comisiones a discutir el proyecto. La diputada Blanca Osuna afirmó que es “muy difícil” que Finocchiaro convoque por iniciativa propia, por lo que esta medida sería el camino a seguir para avanzar.
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El conflicto se extiende también al sector científico, que sufre un fuerte ajuste. Desde diciembre de 2023, se perdieron más de 4.100 empleos en Ciencia y Técnica, según cifras de la Comisión de Ciencia del Senado. Además, programas clave como Raíces y la cooperación internacional fueron desfinanciados, lo que compromete el desarrollo tecnológico del país.
El Senado también se alineó con el reclamo: Eduardo “Wado” de Pedro fue reelegido como presidente de la Comisión de Educación, mientras que Silvina García Larraburu continuará al frente de Ciencia y Tecnología. Ambos convocaron a referentes del sector para intentar revertir el desfinanciamiento y poner a la educación y la ciencia “en el primer orden de prioridades”.
