El Ministerio de Defensa autorizó una licitación por $7.638 millones para construir galpones modulares y ejecutar obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. El proyecto busca fortalecer la capacidad logística de la Armada Argentina para las operaciones en el Atlántico Sur y el apoyo a las campañas antárticas.
La contratación fue formalizada mediante la Resolución 733/2026, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial. El procedimiento corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 38-0502-LPU26, impulsada por la Armada a través de la Dirección General del Material, y establece un plazo de ejecución de 548 días corridos.
La iniciativa se suma a la licitación para construir el muelle militar, autorizada el 7 de octubre, con un presupuesto oficial de $189.321 millones y un plazo de ejecución de 36 meses. La recepción de ofertas para esta obra está prevista hasta el 20 de noviembre, mientras que la correspondiente a los galpones modulares tiene como fecha límite el 19 de noviembre a las 8.
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El proyecto general contempla un muelle, depósitos, talleres, redes de servicios, edificios de apoyo e instalaciones administrativas, además de viviendas para el personal. Los galpones permitirán contar con espacios cubiertos para almacenamiento y tareas logísticas, mientras que el muelle facilitará el movimiento de cargas y las operaciones navales.
La ubicación de Ushuaia resulta estratégica para organizar el abastecimiento y el despliegue hacia la Antártida. El fortalecimiento de esa infraestructura busca ampliar la capacidad argentina para sostener operaciones y campañas científicas, en un escenario regional en el que Chile también cuenta con instalaciones y conexiones logísticas para su actividad antártica desde Punta Arenas.
La ejecución del plan requerirá adjudicar los contratos y garantizar el financiamiento previsto para los próximos años. Según la información publicada, la obra de los galpones contempla partidas para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029. La vicegobernadora fueguina, Mónica Urquiza, planteó que la iniciativa debe trascender los mandatos de gobierno y convertirse en “una verdadera política de Estado para la defensa y la proyección antártica”.
