La adjudicación a la firma Welspun para proveer tubos al gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro reavivó el debate sobre apertura comercial, dumping y políticas productivas.
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La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro abrió una fuerte controversia política y empresarial. Por primera vez en décadas, una compañía extranjera se impuso sobre un proveedor nacional en un rubro estratégico, luego de que la firma india Welspun resultara ganadora de la licitación para abastecer de caños al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado por Southern Energy (SESA).
Según se conoció, Welspun presentó una oferta de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de ductos, un precio que fue alrededor de 40% inferior al planteado inicialmente por el Grupo Techint, a través de su controlada Tenaris, el único fabricante local de tubos de acero. Aunque la empresa argentina acercó su propuesta en una segunda instancia, su cotización final quedó aproximadamente 25% por encima de la competidora india.
La diferencia de costos desató versiones sobre una posible denuncia por dumping ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), bajo el argumento de competencia desleal y de un eventual daño al tejido industrial argentino. Voceros del grupo que conduce Paolo Rocca advirtieron que la apertura a insumos importados, sumada a la presión impositiva, los costos laborales y energéticos, genera un escenario poco competitivo para la industria nacional.
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Desde el Gobierno descartaron de plano intervenir para revertir la adjudicación. Altas fuentes de la Casa Rosada señalaron que no se convalidará el pago de precios más altos en nombre del “compre nacional”. En la misma línea, el presidente Javier Milei respaldó públicamente el resultado de la licitación y cuestionó a sectores que, según expresó, utilizan el debate industrial para presionar en favor de intereses empresarios.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión en un extenso comunicado, donde sostuvo que convalidar caños 40% más caros habría reducidoé reducido la rentabilidad del proyecto, afectando inversiones, empleo y exportaciones. Además, advirtió que mayores costos se habrían trasladado al precio de la energía, impactando sobre empresas y consumidores.
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El funcionario también rechazó el planteo de otorgar a Techint un derecho de “first refusal” para igualar la oferta. Según explicó, ese mecanismo desalienta la competencia, reduce la cantidad de oferentes y termina derivando en precios más altos a futuro. En paralelo, subrayó que importar insumos más baratos puede mejorar la competitividad general de la economía y favorecer a otros sectores exportadores.
La polémica se profundizó cuando trascendió que Techint evalúa recurrir a instancias formales por presunto dumping, al tiempo que volvió a advertir sobre el avance de productos asiáticos —especialmente de origen chino— en el mercado del acero. El caso quedó así instalado como un nuevo capítulo del debate entre apertura comercial, defensa de la industria local y las reglas de juego para los grandes proyectos energéticos ligados al desarrollo de Vaca Muerta.
Fuente: Clarín, Río Negro, Infobae
Foto: Archivo
