El proyecto fue aprobado por unanimidad y contempla la liberación de personas procesadas por protestas, la devolución de bienes y el retorno de exiliados, aunque excluye delitos graves como homicidio, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves, en primera votación, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que podría beneficiar a cientos de personas encarceladas o procesadas judicialmente por su participación en protestas o por manifestar críticas políticas durante las últimas décadas.
El texto, que aún deberá someterse a una consulta pública y a una segunda discusión parlamentaria en fecha a definir, fue presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y recibió el respaldo de los 277 legisladores, en su mayoría oficialistas, según confirmó el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La iniciativa reconoce que ciudadanos de distintas corrientes políticas —e incluso personas sin militancia partidaria— fueron sometidos a procesos penales por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos, la expresión política o la participación en movilizaciones. En ese marco, la ley prevé la cancelación de medidas restrictivas, la devolución de bienes incautados y la posibilidad de retorno al país para quienes se vieron forzados a exiliarse.
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El proyecto establece que la amnistía podría alcanzar delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que los hechos se hayan producido en el contexto de protestas sociales y políticas entre 1999 y 2026, incluyendo las registradas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Durante la sesión, Jorge Rodríguez pidió acelerar el tratamiento del texto y llamó a abrir una consulta amplia. “El proceso de consulta tiene que ser profundo, arduo. No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien tenga un testimonio o una propuesta”, sostuvo ante los diputados. También remarcó que el proyecto no incluye un listado cerrado de beneficiarios para evitar exclusiones y reclamó escuchar tanto a los detenidos como a sus familiares y a las víctimas de los hechos ocurridos.
En su discurso, Rodríguez evocó al expresidente Hugo Chávez, al recordar su llamado a la reconciliación tras los hechos de abril de 2002. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos”, expresó, al tiempo que pidió celeridad en el tratamiento de la norma.
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La ley excluye expresamente delitos considerados graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción y narcotráfico, así como hechos que hayan provocado muertes o lesiones graves. También contempla la posibilidad de beneficiar a jueces, fiscales y funcionarios, según las circunstancias de su actuación en procesos vinculados a protestas.
El debate se desarrolló en un clima político inusual para la Asamblea Nacional, marcado por la salida de Nicolás Maduro del poder y su captura por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero. La sesión transcurrió sin enfrentamientos verbales y con un acompañamiento moderado de sectores opositores, que reclamaron la liberación de los denominados presos políticos y consideraron la ley como un paso hacia la reconciliación nacional.
Según datos oficiales, más de 600 personas habrían sido liberadas de manera progresiva, aunque organizaciones como Foro Penal solo confirmaron la excarcelación de 383 detenidos y advierten que cerca de 700 personas continúan privadas de libertad. Además, señalan que muchos liberados siguen sujetos a restricciones en sus derechos políticos y de expresión.
La aprobación inicial de la amnistía se da en un contexto de reconfiguración política y económica, con señales de estabilización en la economía venezolana tras la recuperación de exportaciones petroleras y la liberación gradual de fondos controlados por Estados Unidos hacia el Banco Central. No obstante, organizaciones de la sociedad civil reclaman la publicación íntegra del proyecto y advierten que su impacto dependerá de la transparencia y del respaldo ciudadano durante el proceso de consulta.
Fuente y foto: Infobae
