La Asamblea Nacional aprobó una ley que establece hasta 30 años de prisión y sanciones económicas millonarias para quienes promuevan medidas internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
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La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este jueves la «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela». Esta legislación, que entrará en vigor tras la firma del presidente Nicolás Maduro, contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, multas de hasta un millón de euros y una inhabilitación política de 60 años para quienes respalden o participen en la implementación de sanciones extranjeras contra el gobierno o sus instituciones.
La ley también incluye medidas punitivas contra quienes promuevan «acciones armadas, cibernéticas o de fuerza» que afecten a las autoridades venezolanas, así como contra medios de comunicación que difundan mensajes que respalden sanciones. Estas plataformas podrán ser multadas y enfrentarse al cierre de operaciones, dependiendo de su ámbito de difusión.
La aprobación de esta normativa coincide con el recrudecimiento de las tensiones políticas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato fue denunciada como fraudulenta por la oposición. La oposición reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, un resultado que no ha sido reconocido por varios gobiernos internacionales.
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Además, la ley autoriza juicios en ausencia contra acusados que se nieguen a comparecer y define como delitos el desconocimiento de las autoridades legítimas del país o el reconocimiento de figuras que «simulen» representar al poder público. Estas disposiciones buscan reforzar el control gubernamental frente a las presiones internacionales.
La legislación ha generado críticas de diversos sectores, quienes la consideran una herramienta para restringir aún más las libertades políticas y silenciar voces disidentes en un contexto de creciente aislamiento internacional del gobierno venezolano.
Fuente y foto: DW
