El partido opositor Vente Venezuela pidió levantar de inmediato la inhabilitación política de María Corina Machado, luego de que una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunciara que fue presionada para firmar la sentencia que impidió a la dirigente competir en las elecciones presidenciales de 2024. La organización calificó la medida como ilegal desde su origen.
La denuncia fue realizada por Bárbara César Siero, quien integró el máximo tribunal venezolano entre diciembre de 2014 y febrero de 2024. La exjueza afirmó que recibió presiones para firmar varias sentencias de inhabilitación y sostuvo que sus dos hermanos y su cuñada, integrantes de las Fuerzas Armadas, fueron detenidos en diciembre de 2023 para forzar su decisión sobre el caso de Machado.
Según su relato, una semana después de esas detenciones le presentaron nueve sentencias para que las firmara, sin que se realizaran audiencias ni se escuchara a las partes involucradas. César Siero aseguró que accedió ante el temor de que sus familiares sufrieran represalias, aunque las detenciones continuaron.
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Vente Venezuela sostuvo que el episodio demuestra la utilización del aparato estatal para perseguir a dirigentes opositores y reclamó que se revierta la inhabilitación. Machado había ganado ampliamente las primarias opositoras de 2023, pero no pudo presentarse en los comicios presidenciales del año siguiente y designó a Edmundo González Urrutia como candidato en su reemplazo.
En las elecciones de 2024, Nicolás Maduro fue proclamado ganador, mientras que la oposición denunció fraude y numerosos actores de la comunidad internacional cuestionaron el resultado. César Siero también criticó la actuación de las instituciones venezolanas y afirmó que las decisiones judiciales estuvieron condicionadas por presiones políticas.
La exmagistrada vinculó además las detenciones de sus familiares con la denominada operación Brazalete Blanco, presentada por las autoridades como un supuesto plan de magnicidio contra Maduro. Según su testimonio, sus hermanos y su cuñada fueron condenados recientemente a penas de entre tres y doce años de prisión por delitos de conspiración política y encubrimiento, pese a que algunos habían sido excarcelados con medidas cautelares en junio.
Fuente: DW.
Imagen: Javier Soriano/AFP.
