La entrega de concesiones petroleras a nuevos operadores reabre una deuda histórica en Mendoza: los derechos de los dueños de las tierras afectadas por la explotación. Exigen cumplimiento legal, indemnizaciones justas y participación real.
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La reciente decisión de YPF S.A., avalada por el Gobierno de Mendoza, de ceder 14 áreas de explotación petrolera a operadores privados, ha encendido las alarmas entre un sector históricamente relegado: los superficiarios, es decir, las personas propietarias de las tierras donde se desarrollan estas actividades. Mientras el petróleo sigue siendo clave en la economía mendocina, crece la preocupación por la falta de garantías y la escasa visibilidad de los derechos de quienes viven y trabajan sobre esas superficies.
Según establece tanto la Ley Nacional de Hidrocarburos N.º 17.319 como la Ley Provincial 7526, las empresas concesionarias tienen la obligación de indemnizar a los superficiarios por los daños y perjuicios derivados de la actividad extractiva, incluso sin necesidad de que estos acrediten un daño específico. Sin embargo, en la práctica, las compensaciones son escasas, desactualizadas o inexistentes, dejando a los propietarios de la tierra en una situación de profunda desigualdad.
Las críticas se enfocan en YPF, que durante décadas ha mantenido una posición dominante en el sector, y ahora en los nuevos operadores que tomarán el control de las áreas cedidas. Se teme que la falta de fiscalización y la debilidad institucional permitan que esta asimetría continúe o incluso se profundice, sin contemplar además los impactos ambientales acumulados.
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Referentes de distintas organizaciones rurales y jurídicas reclaman que el Estado cumpla su rol como autoridad de aplicación: actualizar los montos indemnizatorios, controlar las operaciones, garantizar el acceso a la justicia y dar participación efectiva a los superficiarios. De lo contrario, advierten, se perpetuará un modelo extractivo que distribuye ganancias pero no reparte responsabilidades.
“No se trata solo de legalidad, se trata de justicia”, afirman desde sectores afectados. En un contexto donde el desarrollo energético se presenta como clave para el crecimiento económico, crece el consenso en que no puede sostenerse a costa de la invisibilidad de quienes habitan y cuidan esas tierras.
Fuente y foto: Mdz
