El conflicto armado interno y la violencia recrudecida colocan a Colombia como el tercer país con más desplazados, en medio de un severo recorte de ayuda humanitaria y cifras alarmantes en 2025.
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Colombia se ha convertido en el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos, superado únicamente por Sudán y Siria, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) este viernes. A fines de 2024, el país acumulaba 7,3 millones de desplazados, lo que representa aproximadamente el 14 % de su población total.
Las proyecciones para 2025 no son alentadoras. Solo en los primeros cuatro meses y medio del año, 66.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados y con fuerzas del Estado. Esta cifra ya supera en un 28 % a la registrada durante todo el 2024, encendiendo alertas sobre la evolución del conflicto interno.
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, concentra los mayores focos de violencia y desplazamiento, con 56.000 personas afectadas por los recientes combates. La situación allí se agrava por la falta de atención estatal y el recrudecimiento de las disputas territoriales entre facciones criminales, guerrillas y disidencias.
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A pesar de la gravedad de la crisis, los recursos para atender a los desplazados han sido severamente recortados. Solo se ha logrado cubrir el 25 % de las necesidades humanitarias identificadas, lo que ha dejado a decenas de miles de personas sin ayuda, advirtió la portavoz adjunta del secretario general de la ONU, Stéphanie Tremblay.
Paradójicamente, el proceso de paz colombiano sigue siendo presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU como un modelo internacional, recibiendo apoyo unánime incluso de las grandes potencias. Sin embargo, esta visión contrasta con la realidad en territorios donde la violencia y el desplazamiento forzado siguen creciendo sin freno.
La situación de Colombia exige no solo reconocimiento internacional del conflicto humanitario, sino también una acción coordinada que incluya al Gobierno, organizaciones sociales y la comunidad internacional para revertir una tendencia que amenaza con profundizar la crisis estructural del país.
Fuente y foto: EFE
