La Casa Rosada solicitó frenar la ejecución judicial por USD 16.000 millones tras la expropiación de YPF. Planean apelar y estirar los plazos mientras descartan negociar con Burford.
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El Gobierno nacional pidió a la jueza Loretta Preska suspender la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, que ordena el pago de USD 16.000 millones al fondo Burford Capital. La solicitud fue presentada por la Procuración del Tesoro, con el objetivo de frenar los efectos inmediatos del fallo y extender los tiempos judiciales mientras se apela la decisión ante tribunales superiores.
Desde la Casa Rosada sostienen que no negociarán con Burford hasta que se expida la segunda instancia judicial. Consideran que entregar la mayoría accionaria de la petrolera estatal constituiría “un daño irreparable” y, además, insisten en que el monto fijado por Preska es “impagable e injustificado”. El plan oficial es llevar el caso ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. y, de ser necesario, ante la Corte Suprema.
La estrategia legal apunta también a una fuerte disputa por el valor del fallo, estimado en 16 mil millones de dólares. Según fuentes oficiales, el monto podría reducirse significativamente si se modifica el criterio de cálculo. El Gobierno argentino argumentará que la sentencia fue “excesiva” en su jurisdicción, que el cálculo debería haberse hecho en pesos —tal como lo estipula el estatuto de YPF— y que la “dolarización” de la indemnización no es válida.
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Además, afirman que la orden judicial es de cumplimiento imposible: el traspaso inmediato de acciones del Estado en YPF sería inviable, tanto operativa como legalmente. Si el fallo se ejecutara antes de una revisión superior, el Estado podría enfrentar dificultades técnicas para revertir el pago en caso de que la sentencia fuera revocada.
En paralelo, la defensa oficial continuará cuestionando el procedimiento de expropiación de 2012, por el cual la jueza Preska determinó que Argentina violó el estatuto societario de la empresa al no extender la oferta a otros accionistas, como el Grupo Petersen, en igualdad de condiciones a Repsol.
La disputa en tribunales estadounidenses sigue abierta, y en el oficialismo confían en que la instancia de apelación podría reducir sensiblemente la deuda o incluso revertir la sentencia. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar tiempo político y financiero, evitando una salida negociada que, por ahora, rechaza de plano.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
