La Procuración del Tesoro de la Nación anunció un resultado favorable en su defensa judicial internacional, al lograr una reducción de la condena impuesta a Argentina en un caso originado durante la crisis de 2001.
El tribunal del CIADI resolvió disminuir el monto de indemnización del caso Webuild S.p.A. c/ República Argentina de 147 millones de dólares a 117 millones, una reducción del 20%. Esto representa un ahorro cercano a los 30 millones de dólares para el Estado, equivalente a unos 42.000 millones de pesos.
“La reducción de la condena es un paso concreto para mejorar la posición de Argentina frente a reclamos heredados”, explicó la Procuración del Tesoro en un comunicado. Subrayó además que este resultado es fruto de un trabajo técnico y jurídico intenso.
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El origen de la controversia se remonta a la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y las medidas adoptadas durante la crisis económica y política de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora.
“Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, sostuvo la Procuración del Tesoro.
El organismo reafirmó su compromiso: “Defenderemos con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.
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La defensa presentada el 11 de junio pasado incluyó un pedido de rectificación que finalmente fue aceptado por el tribunal del CIADI, lo que permitió alcanzar este resultado favorable para el país.
Este caso se suma a otros procesos internacionales en los que la Procuración trabaja para reducir montos de condenas previas, lo que fortalece la posición económica del Estado frente a compromisos heredados de crisis pasadas.
El éxito en este litigio es valorado como un logro estratégico del Estado argentino para minimizar gastos judiciales internacionales y preservar recursos públicos.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
