El ajuste en aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral y la auditoría de pensiones no contributivas generan preocupación en el sector.
El gobierno de Javier Milei ha oficializado un incremento del 1,8% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Este aumento, formalizado en la Resolución Conjunta 7/2024 del Boletín Oficial y firmado por el ministro de Salud, Mario Antonio Russo, y el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, se considera insuficiente dado que está por debajo de la tasa de inflación actual.
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Además del ajuste en los aranceles, la administración de Milei está llevando a cabo una auditoría exhaustiva de aproximadamente 400 mil pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se estima que entre el 30% y el 40% de estas pensiones, es decir, entre 120 mil y 160 mil beneficiarios, podrían ser suspendidas. Esta medida afectaría a quienes dependen de esta prestación, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Las irregularidades detectadas en las auditorías incluyen la presentación de documentación médica falsa, la utilización de radiografías en múltiples expedientes, y pensiones otorgadas a individuos que no cumplen con los requisitos legales de invalidez laboral. Un 35% de las pensiones revisadas presentan incompatibilidades significativas, relacionadas con la posesión de bienes no declarados y empleo formal.
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Las personas afectadas por esta medida incluyen aquellas cuya condición de salud no justifica el beneficio, quienes poseen activos significativos o empleo formal, y aquellos que han presentado documentación sospechosa o fraudulentamente obtenida. La revisión también ha revelado casos en los que se han utilizado radiografías de animales para asegurar pensiones, lo que ha llevado a la fiscalización de estos casos.
Fuente: Radio Mitre
Foto: Diario Río Negro
