El juez federal Claudio Bonadío resolvió procesar a la ex presidenta, Cristina Kirchner, a un grupo de empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación, por la “cartelización” en la Obra Pública y los “corredores viales”.
Ambas causas se desprenden de la iniciada por las fotocopias de los “Cuadernos” de Oscar Centeno.
La acusación contra la ex primera mandataria es por “jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales”.
El juez Bonadío y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolose, investigaron las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios ex directivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.
En el marco de esta investigación, el juez declaración como “arrepentido” a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción; y al financista Ernesto Clarens.

Entre los empresarios acusados de pagar coimas y ser parte de la cartelización se encuentran Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabian De Sousa y Cristóbal López a quienes Bonadio también procesó con prisión preventiva.
En tanto, el Juez proceso sin prisión preventiva a Wagner y a los empresarios Aldo Roggio, Eduardo Eurnekián, Osvaldo Acosta, Juan Chediak, Ángel Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Juan Calros de Goychoechea, entre otros.
Por la “cartelización” de la Obra Pública, Bonadio procesó también a Clarens.
En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la ex presidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en 1.027 hechos, 701 de ellos en calidad de coautora, y 326 en calidad de partícipe necesaria”.
Además la senadora fue procesada por la presunta admisión de dádivas, reiterado en dos hechos, en calidad de coautora y le trabó un embargo por 11.502 millones de pesos, según el fallo judicial.
Fuente: Télam / Perfil / La Nación