El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió hoy al Congreso una propuesta de enmienda constitucional para eliminar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y otorgar poderes de extinción de órganos estatales al jefe del Estado, pero que deja fuera de las nuevas reglas a militares, parlamenarios y jueces.
Se trata de la reforma administrativa, uno de los principales proyectos del ministro de Economía, Paulo Guedes, junto a la ya aprobada reforma previsional en 2019 y una futura para cambiar el sistema tributario brasileño.
La propuesta de reforma administrativa es para los futuros contratados en el Estado pero intenta imponer a los actuales un mecanismo para poder despedir a los empleados públicos por una evaluación de su desempeño, en uno de los puntos más polémicos de la iniciativa.
Para aprobarla, el Congreso necesita de dos tercios debido a que se trata de una enmienda constitucional.
La medida es un antiguo reclamo de los grandes medios, por ejemplo, como el grupo Globo, el más grande del país, y Folha de Sao Paulo, el diario más vendido e influyente del país.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, confía en la aprobación y declaró que «llegó la hora de hablar de productividad en el sector público». Los sindicatos y partidos opositores de izquierda han prometido combatir la reforma o parte de ella.
De esta manera, el gobierno busca poner fin al sistema de concursos y estabilidad en el Estado consagrado en la Constitución de 1988, creada después de la caída de la dictadura militar.
El primero que quiso combatir el sistema de estabilidad en el Estado fue el expresidente Fernando Collor de Mello, en 1990, quien prometió terminar con la «República de los Marajás», como se les decía a los empleados públicos supuestamente por gozar de mayores derechos que los empleados del sector privado.
Collor renunció antes de ser destituido por corrupción en 1992 y el régimen continuó incluso en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que tuvo un perfil privatizador, pero no se involucró directamente con los empleados públicos.
El secretario de Desburocratización del Ministerio de Economía, Gleisson Rubin, explicó que desde 1988 son estables todos los funcionarios públicos, sin interesar la naturaleza de su función y eso no tiene más sentido en el mundo actual».
«La estabilidad es para el cuerpo de funcionarios que mantiene al Estado pero no para todos», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
El programa apuesta a dar credibilidad al Gobierno en su intención de atraer inversiones extranjeras, toda vez que ese indicador de la economía está cayendo desde 2017, cuando se aprobó la reforma laboral, en el gobierno de Michel Temer (2016-2018).
Bolsonaro dijo el martes que la medida iba a afectar a los próximos contratados en el Estado, pero no a los actuales.
El proyecto otorga al presidente mayores poderes para disolver autarquías, fundaciones, órganos de apoyo, entes descentralizados y reposicionar a los empleados públicos en funciones nuevas.
