El Gobierno de Pedro Castillo enfrentó la mayor tensión en ocho meses, cuando una jornada que incluyó un toque de queda diurno terminó ayer con violentas protestas y actos vandálicos en el centro de la capital peruana, en medio de nuevos pedidos de la oposición para que deje el cargo y una semana después de que el mandatario superara un proceso de destitución en el Congreso.
Las consecuencias de la jornada son de momento difíciles de calcular para el mediano plazo, según coinciden los analistas, mientras el Gobierno busca medidas para enfrentar el aumento del costo de vida, que está en el trasfondo del malestar popular, indicó la agencia Télam.
Una acción será exonerar del Impuesto General a las Ventas a los artículos de primera necesidad, según les dijo Castillo a los parlamentarios.
«Es un proyecto que va a tener efecto inmediato en el bolsillo de la gente», afirmó después la presidenta del Congreso, la opositora Maricarmen Alva.
Sin embargo, Alva se quejó de que Castillo y sus ministros llegaron a una reunión ayer con la Junta de Portavoces del Congreso sin ninguna otra iniciativa, sobre todo para sectores que viven difíciles momentos económicos, como la agricultura y el transporte.
La reunión entre los enfrentados Ejecutivo y Legislativo, que transcurrió sin que se divulgaran detalles, sirvió para que Castillo levantara el toque de queda con siete horas de anticipación, pero no impidió los choques en Lima, que dejaron varios heridos
La ola de movilizaciones había comenzado la semana pasada en distintos puntos del país, pero se trasladó a la capital después de que el lunes el presidente decretara la inmovilización social, que en la práctica representa un toque de queda, de las 02:00 a las 24:00 horas locales del martes, pero solo en Lima y la aleñada ciudad de Callao.
Hasta ese momento, los problemas se concentraban en departamentos como los costeños Ica y La Libertad y sobre todo en el andino Junín, en los que sectores liderados por agricultores y transportistas se levantaron contra los altos costos y bloquearon diferentes rutas .
En Junín, fortín del partido oficialista Perú Libre (PL), murieron cuatro personas, aunque no directamente por represión policial: dos fueron atropelladas por automóviles en los bloqueos, uno cayó de un puente en medio de los enfrentamientos y un enfermo que trataba de llegar al hospital de emergencia no pudo hacerlo y falleció en la calle.
En Ambo, departamento de Hánuco, un hombre de 18 años murió tras recibir ayer un disparo en medio de choques con la Policía.
En Lima, entre tanto, el lunes fue una jornada intensa por las falsas alarmas. En redes sociales se habló de saqueos que en realidad nunca ocurrieron, aunque sí causaron que las tiendas cerraran sus puertas por seguridad, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, de nueve millones de habitantes.
Eso hizo que fuera mayor la sorpresa por el toque de queda, decretado además cuando gran parte de la ciudad dormía.
El supuesto peligro fue confirmado por algunos portavoces de la oposición de derecha, como el parlamentario Jorge Montoya, principal impulsor de las iniciativas de destitución contra Castillo, quien sostuvo que había planes para tomar la ciudad desde los cerros periféricos.
Entre las diversas reacciones, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exigió la renuncia de Castillo por «incapacidad»; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió que se convoque al Consejo de Estado para que las principales instituciones acuerden medidas para superar la situación, y el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus por las restricciones a la ciudadanía.
El constitucionalista Pedro Grández descartó en ese marco que la medida sea motivo para otro intento de destitución del presidente, pues eso solo se habría dado si se impedía que el Congreso se reuniera.
El martes hubo concentraciones en distintos puntos de Lima para protestar por el toque de queda, aunque la concurrencia fue baja, con excepción del centro, donde se registró la mayor cantidad de manifestantes que se haya visto hasta ahora contra el Gobierno.
En medio de la tensión entre la Policía y los manifestantes, la mayoría vestidos con la camiseta de la selección peruana de fútbol, convertida casi en uniforme en manifestaciones antigubernamentales, algunas personas atacaron una sede judicial y una estación de autobuses, templos y otros edificios y saquearon locales comerciales.
Fuente: Télam.
