La ex funcionaria del Ministerio de Economía recurrió la decisión del juez Sebastián Casanello y sostuvo que el dinero secuestrado en su departamento era de su padre, de su pareja y en parte una donación. La Cámara Federal deberá definir su situación.
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La ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete presentó una apelación contra el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su descargo, aseguró que los casi 700.000 dólares encontrados en su domicilio no le pertenecen.
El allanamiento, realizado en un departamento de la calle México al 55, arrojó el secuestro de USD 695.457, $19.996.200 y 1.960 euros. Según la acusación, el dinero podría estar vinculado a un supuesto esquema de direccionamiento de contrataciones y retornos dentro del organismo estatal. Sin embargo, la ex funcionaria afirmó que la mayor parte de esos fondos pertenecen a su padre, Miguel Ángel Calvete, y que ya se encontraban en el inmueble antes de que ella se mudara.
En el escrito presentado por su abogado, Fernando Manzanares, detalló que USD 600.000 fueron reclamados por una accionista de la firma INDECOMM SRL, empresa constituida por su padre. Otra parte correspondería a su pareja, Javier Cardini —también desplazado del Palacio de Hacienda tras el escándalo— y un tercer tramo sería una donación formalizada mediante escritura pública. La imputada aseguró además que desconoce el origen preciso del efectivo y que nunca dispuso de ese dinero para uso personal.
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El expediente judicial se inició tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se mencionaba un supuesto esquema de sobornos. Si bien la validez de esas grabaciones es discutida por las defensas, tanto el juez Casanello como el fiscal Franco Picardi sostienen que existen pruebas independientes que respaldan la investigación.
A comienzos de mes, la Justicia dictó 19 procesamientos, entre ellos los de Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija. La fiscalía sostiene que Ornella Calvete utilizó su cargo para favorecer intereses privados, suministrar información privilegiada y facilitar contrataciones de personas vinculadas a su entorno familiar.
En su apelación, la ex funcionaria explicó que en marzo de 2025 decidió mudarse a la Ciudad de Buenos Aires para evitar los viajes diarios desde Escobar al ministerio conducido por Luis Caputo. Inicialmente habitó un monoambiente y luego se trasladó a un departamento más amplio junto a su pareja. Según relató, su padre le advirtió que había dejado dinero bajo llave en un mueble, junto con otros objetos personales, y que ella nunca manipuló esos fondos.
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Como prueba, la defensa aportó mensajes en los que, ante una falsa alarma de allanamiento en noviembre, consultó a su padre sobre la existencia de “cash blanco” en el departamento. Según el planteo, pese al temor inicial, el dinero permaneció en el mismo lugar hasta el operativo definitivo de octubre de 2025.
También rechazó tener injerencia en contrataciones vinculadas a droguerías y negó relación laboral o societaria con la firma Ruth Noemí Lozano, pese a mensajes incorporados a la causa. En cuanto al proyecto para importar urea desde Kazajistán, afirmó que era un emprendimiento privado pensado para después de dejar la función pública.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar los argumentos de la apelación y definir si confirma o revoca el procesamiento, en una causa que combina presuntas irregularidades administrativas, vínculos empresariales y un millonario hallazgo de dinero en efectivo.
Fuente y foto: Infobae
