La jueza Loretta Preska, a cargo del caso de la expropiación de YPF, ha ordenado al Gobierno argentino entregar correos electrónicos y comunicaciones de funcionarios como Luis Caputo y Sergio Massa. Esta medida busca probar que el país influyó en la fijación de precios de los combustibles, lo que podría tener un impacto significativo en el caso que enfrenta Argentina.
El tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York había condenado anteriormente a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de acciones de YPF. Los demandantes ahora intentan embargar activos de la petrolera, argumentando que YPF actúa como «alter ego» del Estado y no como una sociedad privada, como debería.
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En un hecho sin precedentes, la jueza Preska solicitó las comunicaciones personales y profesionales de varios funcionarios, incluyendo correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Entre los implicados se encuentran también el asesor presidencial Santiago Caputo y el exviceministro Gabriel Rubinstein. Esta orden se enmarca en un «discovery» para obtener pruebas de la relación directa entre el Estado y YPF.
El Gobierno argentino, hasta ahora, ha ofrecido revisar solo las comunicaciones externas de sus funcionarios con empleados de YPF y el Banco Central, lo cual no es suficiente para los demandantes. Estos consideran que las discusiones internas también son cruciales para establecer el grado de control estatal sobre estas entidades.
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La medida podría abrir nuevas vías para que los fondos demandantes accedan a activos argentinos, incluyendo el oro que fue trasladado al exterior por Caputo.
Fuente: Noticias Argentinas
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