La Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y dispuso que ambos imputados permanezcan bajo arresto domiciliario durante cuatro meses mientras avanza la investigación.
Dos jóvenes quedaron bajo arresto domiciliario por decisión judicial tras la audiencia de apertura de investigación en la que fueron imputados por una serie de delitos ocurridos en distintos hechos. La Fiscalía formalizó la investigación por cinco legajos que incluyen acusaciones por hurto, robo agravado, privación ilegítima de la libertad, defraudación con tarjeta de crédito, coacción agravada y el uso de una picana eléctrica durante uno de los episodios.
Durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Forti y el procurador de Fiscalía Carlos Cavallo solicitaron que ambos permanecieran en prisión preventiva por cuatro meses. El Ministerio Público Fiscal argumentó que existía riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos investigados, la expectativa de una pena elevada y los antecedentes penales de uno de los imputados. Además, los investigadores contarán con un plazo de seis meses para concluir la pesquisa y presentar la acusación.
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La defensa, por su parte, pidió medidas menos gravosas al sostener que los acusados no habían intentado entorpecer la investigación ni existían elementos que demostraran un riesgo concreto de evasión. También destacó que ambos se presentaron voluntariamente a la audiencia y mantuvieron una conducta adecuada durante el proceso judicial.
Al resolver el caso, el juez consideró que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la probable participación de los imputados en los hechos investigados. Sin embargo, valoró que ambos tienen arraigo en la ciudad y que comparecieron por sus propios medios pese a las condiciones climáticas adversas y al retraso de la audiencia provocado por un corte general de energía eléctrica.
En consecuencia, el magistrado dispuso el arresto domiciliario por cuatro meses, con prohibición absoluta de abandonar sus viviendas. La medida será controlada mediante recorridas periódicas de la Comisaría Segunda y el juez advirtió que cualquier incumplimiento implicará la revocación del beneficio y el traslado inmediato de los imputados a una dependencia policial para cumplir prisión preventiva de manera efectiva.
Con información del MPF.
