A través de una carta abierta firmada por más de 150 trabajadores y trabajadoras de Ciencias, Educación y Salud, se advirtió sobre los impactos negativos del extractivismo megaminero en diferentes dimensiones, además de denunciar el contexto en el cual se pretende tratar un proyecto de Ley para habilitar la actividad.
El documento está dirigido a las máximas autoridades del Gobierno nacional y provincial, así como a la dirigencia política chubutense.
De esta forma, señalan que desde lo económico, “la megaminería no va a modificar la crisis socio-económica de Chubut (falta de trabajo y de divisas)”, ya que desde hace años nuestra Provincia es la 4ª que más exportadora de todo el país, a partir del petróleo, pesca, lana ovina y aluminio.
Chubut “está detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero posee una ínfima parte de la población (1,2% del total nacional)”, lo que demuestra que “el problema no es la generación de más divisas, sino el sistema económico excluyente y destructivo”.
Por otra parte, remarcan que la “zonificación” que se intenta imponer “pone en riesgo cuencas de muy bajo caudal. El Río Chubut cuenta con un promedio anual de 47 m3 por segundo, frente a los 1.000 del Río Colorado o casi 800 del Río Santa Cruz”.
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En este sentido, “se esperan mermas del 30 al 40% en la producción de agua media anual en los próximos 50-80 años debido al cambio climático”, repasando además la cantidad de personas que dependen de esta cuenca, añadiendo que actualmente “localidades están sufriendo la falta de agua potable desde hace años”.
Otro de los aspectos sobre los que se llama la atención está relacionado con las comunidades y las relaciones sociales, ya que “estudios sociológicos de América Latina y Argentina han demostrado que la actividad tiene múltiples efectos negativos en la sociedad”.
“Es un negocio transnacional que requiere de la deslocalización de la mano de obra, promueve la pérdida de las identidades culturales, ejerce una influencia antidemocrática en la prensa y en el Estado, e inhibe el desarrollo de actividades económicas y culturales que no estén asociadas directa o indirectamente con esa industria”, repasaron.
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Además, “la explotación minera afecta la superficie terrestre, contamina el aire, los suelos, el agua superficial y los acuíferos, produce alteraciones en el microclima, afecta flora y fauna local y regional y genera impacto escénico durante y post explotación”.
En cuanto a la Salud de la población, menciona que la Sociedad Argentina de Pediatría ha advertido que la explotación megaminera “puede afectar gravemente la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo”.
“Dependiendo del tipo de explotación y de los compuestos presentes en las voladuras, en el caso del plomo (en alta concentración en el Proyecto Navidad), los niños pueden absorben este metal 6 veces más que los adultos –con lo cual- pueden presentar pérdida de coeficiente intelectual, trastornos psiquiátricos, déficit de atención, diarreas, desnutrición, convulsiones e incluso la muerte en los casos más graves”, repasaron.
A esto, se le suman “los daños generados por los drenajes ácidos y los químicos utilizados en el proceso como xantatos y ácido sulfúrico, entre otros”.
De esta forma, denunciaron la “evidente carencia de licencia social, pese a la propaganda a favor realizada por funcionarios, sectores empresariales y gran parte de la prensa”.
Esto no solo quedó demostrado en el plebiscito de 2003 y con las dos Iniciativas Populares presentadas a la Legislatura, sino que “la dirigencia política, cuando compitió para representar a los chubutenses”, también dieron cuenta de la falta de licencia social.
“En 2019, Mariano Arcioni y Ricardo Sastre fueron electos gobernador y vice, por establecer como uno de sus pilares programáticos el rechazo a la megaminería. Algo similar ocurrió con los candidatos a diputados provinciales de todos los partidos, ya que ninguno prometió habilitarla en campaña”, recordaron.
En este sentido subrayaron que pese a los rechazos de los vecinos, las instituciones académicas, tecnológicas y sociales, el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT; “la presión para habilitar el negocio minero (también) pretende pasar por alto el hecho de que también tiene estado parlamentario el 2º Proyecto de Iniciativa Popular, una forma de la democracia semidirecta que está estipulada en nuestra Constitución y que un Gobierno respetuoso a su pueblo debe atender”.
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Sobre el final, cuestionaron los “debates ficticios”, añadiendo que el proyecto presentado a la Legislatura (128/20) “no fue elaborado de manera participativa y democrática. No se consultó a las instituciones científicas y universidades, organizaciones socioambientales ni a comunidades de Pueblos Originarios”.
De ello es muestra que “los Ministerios de Hidrocarburos y Ambiente recurrieran al armado forzado, apurado e improvisado de una serie de exposiciones, vía teleconferencia cerrada, reunidas en una maratónica jornada de 5 días”.
Por todo lo expuesto, “sumamos nuestra voz a los demás sectores de la sociedad pidiendo al Gobierno que retire el proyecto de ‘zonificación’ y que en cambio, garantice un marco de respeto para el tratamiento de la 2ª Iniciativa Popular”.
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“Solo la aprobación de un Proyecto de Ley que prohíba la megaminería, en todo el territorio y en todas sus etapas, pondrá fin a un conflicto social que, de otro modo, sólo profundizará y alejará el eje principal de la discusión de fondo que tiene que ver con la generación de oportunidades sociales y económicas adecuadas al contexto local que viene siendo reclamada por las comunidades, desde hace décadas”, sentenciaron.
“En definitiva, pedimos que se respete al pueblo y la democracia”, concluyeron.
El documento completo:
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