La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, inició una auditoría sobre 427.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. La medida responde a una investigación que reveló un esquema de corrupción en la asignación de estos beneficios, con desvío de fondos y la utilización de documentación falsa. Según las autoridades, solo el 7% de los expedientes auditados cumplen con los requisitos legales.
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El proceso de auditoría se acompaña de una denuncia penal presentada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, que tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre las irregularidades detectadas se destacan casos extremos, como el uso de la radiografía de un perro para justificar una pensión por invalidez laboral. Además, se encontraron múltiples expedientes con diagnósticos basados en la misma imagen médica o con textos inapropiados, como la transcripción de poemas en lugar de descripciones clínicas.
El gobierno estima que de las 1.250.000 pensiones vigentes, unas 500.000 podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Este dato surge de un muestreo inicial realizado por la ANDIS, que evidenció la existencia de un sistema de asignación vulnerable y difícil de auditar. Desde el 4 de julio, la ANDIS depende del Ministerio de Salud, bajo la gestión de Mario Russo, y se intensificó el control de los expedientes.
La investigación también reveló que, entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra aumentó a 1.250.000 durante el mandato de Alberto Fernández. El informe destaca que un 35% de las pensiones presentan incompatibilidades relacionadas con bienes y trabajo, mientras que un 30% adicional no cumple con las condiciones médicas para acceder al beneficio.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció un desvío de fondos por USD 3.400 millones a través de facturación falsa en prestaciones médicas. Según el portavoz, las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos, afectando gravemente a personas con discapacidad que realmente necesitan el beneficio. La auditoría continuará en otras provincias, con el objetivo de depurar el sistema y garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos establecidos puedan acceder a las pensiones.
Fuente: Infobae.
Foto: Agenda Salta.
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