La reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) impulsada por el presidente Javier Milei desató una fuerte reacción en el Congreso.
El bloque opositor Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano y Facundo Manes, presentó un proyecto de ley para anular el decreto 383/2025, que creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), y denunció la medida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Los diputados argumentaron que el decreto excede las facultades delegadas por la Ley Bases, que solo habilita al Ejecutivo a reorganizar la administración central. Según los legisladores, la norma otorga atribuciones a la PFA que podrían vulnerar derechos constitucionales, como el ciberpatrullaje sin control judicial o detenciones por sospecha, lo que consideraron un retroceso peligroso en materia de derechos humanos.
En una presentación paralela, el diputado Fernando Carbajal solicitó a la Corte Interamericana una medida cautelar para impedir la entrada en vigor del decreto, por entender que habilita prácticas represivas que ya fueron condenadas en el pasado. «Los derechos de los ciudadanos quedaron en manos de las fuerzas de seguridad», advirtió.
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Uno de los puntos más cuestionados es la falta de definiciones claras sobre términos como “alteración del orden público” o “amenaza a la seguridad del Estado”, los cuales, según la oposición, permiten un uso discrecional de la fuerza y abren la puerta a la criminalización de la protesta social y de expresiones en redes sociales.
Fuente: TN.
