Un informe de Gendarmería reveló graves irregularidades en la custodia del teléfono del autor del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Capuchetti ordenó nuevas medidas para determinar quién manipuló el dispositivo.
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La Gendarmería Nacional Argentina detectó que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Shopping Abasto mientras el acusado por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ya se encontraba detenido en las inmediaciones del domicilio de la entonces vicepresidenta. El hallazgo surgió al profundizar la investigación sobre las irregularidades en el operativo policial posterior al ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
El dato forma parte de un informe técnico elaborado a partir del análisis forense del dispositivo, realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la DATIP del Ministerio Público Fiscal, remitido al Tribunal Oral Federal N.º 6 y ahora incorporado a la causa que instruye la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Según los registros examinados, el teléfono generó actividad vinculada a la red wifi del centro comercial Abasto a las 22:38 de esa noche, horario en el que Sabag Montiel ya estaba reducido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los eventos detectados figuran el ingreso a la red inalámbrica del shopping, la recepción de un correo electrónico de validación y la posterior eliminación de datos asociados a su cuenta de Instagram pasada la medianoche.
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La secuencia reconstruida por la Gendarmería señala que entre el atentado y el secuestro formal del dispositivo transcurrieron más de tres horas sin resguardo judicial adecuado, período durante el cual el teléfono habría sido manipulado en reiteradas oportunidades. Recién a las 00:23 del 2 de septiembre se labró el acta de secuestro y se inició formalmente la cadena de custodia, sin que existiera hasta ese momento documentación precisa sobre el estado físico o técnico del equipo.
Las inconsistencias en torno al manejo del celular generaron contradicciones entre los testigos del procedimiento, que difirieron sobre si el aparato permanecía encendido, apagado, dañado o aún en poder del imputado. Estas irregularidades afectan directamente la validez de la prueba digital, considerada clave para esclarecer posibles conexiones y responsabilidades adicionales.
Ante este escenario, la jueza Capuchetti decidió ampliar el objeto de la investigación, incorporando el análisis del accionar policial y la preservación de la evidencia. La magistrada retomó la causa el 25 de marzo de 2025, luego de que estuviera delegada en la fiscalía federal, y ordenó nuevas medidas para determinar quién tuvo el teléfono de Sabag Montiel durante el lapso crítico en que permaneció fuera de control judicial.
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En paralelo, el análisis de comunicaciones permitió identificar contactos del acusado con números vinculados a la Universidad Nacional de San Martín el día del ataque. Además, efectivos de Gendarmería y testigos que intervinieron en la custodia del dispositivo denunciaron haber recibido amenazas, lo que profundizó la preocupación sobre el manejo de la investigación en sus primeras horas.
Por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal N.º 6 condenó en octubre pasado a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a penas de 10 y 8 años de prisión, respectivamente, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto.
Fuente y foto: Infobae
