Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, está a cargo de la investigación.
La causa está vinculada a estafas con viviendas sociales y esta mañana se realizaron dos allanamientos en la localidad de General Güemes, ubicada a 55 kilómetros de la capital salteña.
Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y fueron secuestrados documentos, celulares y otros elementos de interés para la causa.
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La intervención de la UDEC inició luego de que 67 personas denunciaran, en junio pasado, que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita, a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del barrio 200 Viviendas, en la zona de la Banda, en General Güemes.
Los denunciantes manifestaron que, además de la entrega de dinero, debían hacer trabajo de mantención en la plaza del barrio Cooperativa, en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada.
Ante la falta de entrega del terreno, los damnificados le reclamaron a la mujer, quien les aseguró que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes, pero al acercarse a ese organismo, les explicaron que allí desconocían la existencia de la acusada y de las carpetas.
Esto motivó a los damnificados a radicar las correspondientes denuncias y los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron las tareas investigativas y elevaron un informe a Salinas Odorisio.
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La fiscal concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas y solicitarles sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de confeccionar las carpetas que les posibilitarían obtener un lote o terreno, por sus influencias con el intendente municipal.
Asimismo, Salinas Odorisio entendió que la acusada actuó sabiendo que no cumpliría con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia.
En este marco, desde la UDEC se solicitó al Juzgado de Garantías 2 el allanamiento de dos viviendas, la detención de la mujer y el secuestro de elementos de interés para la causa.
