El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto con otros 22 acusados. Esta medida se tomó luego de que Belliboni y otros fueran llamados a indagatoria por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la organización mediante facturas falsas y gastos simulados.
MIRÁ TAMBIÉN | La Armada inicia un ejercicio conjunto con Estados Unidos
El expediente, que apunta a una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta que perjudica a la administración pública, detalla que las indagatorias se llevarán a cabo en seis audiencias a partir del 11 de junio, culminando el 25 de junio con la comparecencia de Belliboni. El martes, el líder piquetero se presentó en la causa acompañado de su abogada, Liliana Alaniz.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la inhibición de bienes no solo se aplicó a Eduardo Belliboni sino también a su segundo al mando, Jeremías Cantero, y a otros implicados, extendiéndose incluso a sus billeteras virtuales. Esta medida es similar a la dispuesta el 15 de mayo por el fiscal Gerardo Pollicita, quien señaló a estas personas en su acusación inicial.
La causa se originó el 20 de diciembre, en medio de preparativos para una movilización contra Javier Milei. Las denuncias anónimas recibidas a través del número 134 del Ministerio de Seguridad llevaron a una investigación que se centró en 45 denuncias de la Capital Federal. El fiscal Pollicita localizó a siete denunciantes, de los cuales cinco se animaron a declarar.
Pollicita afirmó en su acusación: «Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos».
El juez Casanello, basándose en la información obtenida de los allanamientos y otros elementos de prueba, resolvió ordenar las indagatorias: «Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo”.
Casanello también destacó el uso de facturación falsa y la simulación de gastos: “Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
MIRÁ TAMBIÉN | Aumentó un 300% el ingreso a los Parques Nacionales
La resolución subraya que estas maniobras se complementaban con la exigencia de participar en marchas y aportar dinero, bajo amenaza de perder la ayuda estatal: «Esas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad», concluyó el juez.
Fuente: Infobae.
Foto: Ámbito Financiero.
MIRÁ LO ÚLTIMO:
La primera operación contra el cáncer se hizo en el antiguo Egipto
⬇️Nota Completa⬇️https://t.co/631lBc98VY
— Radio 3 Trelew AM780 (@radio3trelew) May 30, 2024