El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA al modificar su marco regulatorio mediante el DNU 493, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida habilita a la empresa a cortar el servicio de agua y cloacas en caso de mora, afectando a usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
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El decreto también autoriza la venta parcial o total del 90% del capital accionario, actualmente en manos del Ministerio de Economía, permitiendo el ingreso de inversores privados. El 10% restante seguirá perteneciendo a empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada. Según el Gobierno, los cambios responden a “una profunda crisis económica que limita la capacidad del Estado para sostener y expandir el servicio público”.
La normativa establece la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, a cargo de la Agencia de Planificación (APLA), que definirá obras básicas de infraestructura, fuentes de financiamiento y proyectos para ampliar la red. Además, se instruyó a AySA a presentar un informe anual tarifario ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
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En paralelo, el decreto prevé un régimen de transición de hasta cinco años para implementar de manera progresiva las nuevas disposiciones una vez formalizada la privatización. El objetivo, según el texto oficial, es “mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato de concesión”.
El DNU ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, su aplicación comenzó a regir desde este martes, marcando un cambio sustancial en la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Fuente: TN.
