El Presidente oficializó el llamado al Congreso mediante el Decreto 24/2026. El temario es acotado e incluye reforma laboral, cambios en la ley de glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y una designación diplomática.
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El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, a través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida establece un temario limitado y coloca a la reforma laboral como uno de los principales proyectos que el Poder Ejecutivo busca debatir antes del inicio del período ordinario.
La convocatoria se fundamenta en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a llamar al Parlamento fuera del calendario habitual. El decreto precisa que durante las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos incluidos de manera expresa en el anexo que acompaña la norma, lo que delimita con claridad el alcance del debate legislativo.
El llamado alcanza tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y fija un marco temporal concreto, reduciendo el margen para incorporar nuevos temas. Cualquier ampliación del temario requería una nueva decisión presidencial, lo que refuerza el control del Ejecutivo sobre las prioridades parlamentarias durante este período.
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Entre los proyectos habilitados se encuentra el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, considerado uno de los ejes de la agenda económica del Gobierno. También figura la iniciativa para adecuar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que propone modificaciones a la Ley N.º 26.639.
La agenda se completa con la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que será enviado por el Poder Ejecutivo, y con la designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
El llamado a sesiones extraordinarias se inscribe en una estrategia legislativa más amplia del oficialismo, que ya utilizó este mecanismo durante el receso para intentar avanzar con iniciativas centrales de su programa. En ese marco, la reforma laboral aparece como uno de los ejes políticos del período, con la intención de impulsar cambios estructurales antes del inicio de las sesiones ordinarias previstas para el 1 de marzo.
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Sin embargo, el tratamiento de la reforma laboral se da en un contexto de negociaciones abiertas con los gobernadores, claves para garantizar los votos en el Senado. Según trascendió, persiste un escenario de desconfianza, con reclamos de las provincias vinculados a fondos, obra pública y deudas previsionales antes de comprometer apoyos.
Uno de los principales focos de conflicto es el capítulo tributario del proyecto, en particular la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades, que los mandatarios advierten que impactaría de manera directa en la coparticipación federal. Mientras la Casa Rosada se resiste a introducir cambios impositivos y exige garantías previas de respaldo parlamentario, varios gobernadores condicionan su acompañamiento a modificaciones en el texto.
En ese escenario, el oficialismo apunta a lograr la media sanción el 11 de febrero, aunque reconoce que las conversaciones continúan y que persisten tensiones políticas que podrían definir el rumbo de uno de los proyectos centrales del Gobierno en el inicio de 2026.
Fuente: TN
Foto: Archivo
