El empresario quedó detenido por 90 días. Lo acusan de actuar junto al juez Marcelo Bailaque y un ex funcionario de AFIP para extorsionar a un empresario y desviar fondos de una cooperativa portuaria hacia su mutual.
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En una extensa audiencia realizada este martes en los tribunales federales de Rosario, el financista Fernando Whpei, de 61 años, fue imputado por su presunta participación en una red de corrupción integrada por el juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna. Según los fiscales, los tres habrían armado una causa penal contra un empresario del rubro seguros con el objetivo de extorsionarlo y obtener dinero.
El fiscal Juan Argibay Molina, de la Procelac, afirmó que Whpei actuó de forma coordinada con Bailaque y Vaudagna desde 2019 hasta noviembre de 2024 para iniciar causas judiciales infundadas contra Claudio I., empresario vinculado al grupo San Cristóbal. El objetivo, según la acusación, era dañar su reputación y presionarlo para obtener beneficios económicos. En su declaración como arrepentido, Vaudagna reveló que Claudio I. entregó alrededor de 160 mil dólares a Whpei para frenar las investigaciones en su contra.
Además, el fiscal Federico Reynares Solari imputó a Whpei por otra causa, vinculada a la intervención judicial de las cooperativas portuarias de Puerto General San Martín y San Lorenzo. De acuerdo a la acusación, el juez Bailaque habría liberado fondos por más de mil millones de pesos, desviándolos hacia la mutual que preside Whpei, en lugar de remitirlos a una entidad regulada por el Banco Central. Este accionar fue calificado como un “desvío de poder” que, aunque no generó un perjuicio directo a la cooperativa, sí benefició a la mutual del financista.
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Los fiscales solicitaron prisión preventiva por seis meses, pero el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz resolvió imponer una detención de 90 días, rechazando el pedido de prisión domiciliaria solicitado por Whpei. El empresario quedó alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario.
La causa pone en el centro del escándalo a miembros del Poder Judicial y organismos fiscales, y abre una nueva etapa de investigaciones sobre corrupción, extorsión y maniobras financieras que habrían afectado a empresas y cooperativas del cordón industrial santafesino.
Fuente: Infobae
Foto: Consejo de la Magistratura
