El gobierno de Pedro Sánchez avanza en la lucha contra las noticias falsas al proponer que los ‘influencers’ con más de 100.000 seguidores deban rectificar la difusión de información falsa o inexacta. La medida busca equiparar su responsabilidad a la de los medios tradicionales, como parte de un plan para reforzar la transparencia y el derecho a la información.
La reforma plantea actualizar la ley de rectificación vigente desde 1984, extendiéndola a los usuarios con gran impacto en redes sociales. Según el ejecutivo, algunos ‘influencers’ tienen un alcance superior al de los medios tradicionales, lo que los convierte en actores clave en la diseminación de información.
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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que “profesionales del bulo” están distorsionando el debate público. La nueva normativa también agilizará los procesos judiciales para garantizar que las rectificaciones se efectúen de manera oportuna, consolidando así la confianza en el sistema democrático.
La medida ha generado controversia en redes sociales. Figuras como Javier Negre y Alvise Pérez han denunciado la reforma como un intento de censura. Ambos son conocidos por su activa presencia en redes y su historial de difundir desinformación, acumulando sentencias judiciales en su contra.
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Desde el ámbito académico, Sabela Serrano, experta en Derecho de la Información, calificó la reforma como peligrosa, al equiparar a ‘influencers’ con periodistas. Según Serrano, la ley debe incluir definiciones precisas de conceptos como bulo y desinformación para evitar inseguridades jurídicas.
El gobierno subraya que el derecho a la rectificación solo aplica a hechos y datos, no a opiniones. Esta reforma es un paso en la estrategia del presidente Pedro Sánchez para “regenerar” la democracia española y combatir los efectos de la desinformación.
Fuente: RFI.