La Casa Blanca defendió el despliegue militar ante un tribunal federal, asegurando que los soldados no aplican leyes migratorias, sino que protegen personal y propiedades federales. Sin embargo, expertos legales alertan sobre un posible uso más amplio del ejército sin invocar la Ley de Insurrección.
Los agentes formaban parte de un operativo para acceder al municipio de Llallagua, cuando fueron emboscados por manifestantes que dispararon desde los cerros y utilizaron dinamita. “Se están usando francotiradores”, denunció el ministro de Justicia, César Siles.
La investigación sigue en curso. El avión, con solo 11 años de uso, no presentaba fallas técnicas previas. Las autoridades trabajan para esclarecer las causas definitivas de la tragedia.