El Gobierno de Javier Milei no logra recomponer su vínculo con las provincias. Tras semanas de negociaciones fallidas, los gobernadores decidieron avanzar por su cuenta con un proyecto de ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
La propuesta legislativa busca una solución sin afectar el equilibrio fiscal, pero visibiliza una grieta cada vez más profunda entre Nación y los mandatarios provinciales.
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Todo comenzó con una reunión en Casa Rosada donde los gobernadores pidieron una compensación por la caída de la recaudación, que atribuyen a políticas de la administración libertaria. A pesar de la disposición inicial del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, las respuestas fueron escasas. Una posterior reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) terminó con un mensaje claro: las provincias avanzarían con una iniciativa propia.
El proyecto propone eliminar fondos fiduciarios —una figura que Milei ha criticado abiertamente— y destinar esos recursos a las provincias. Pero la tensión creció cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ofreció solo coparticipar la recaudación del impuesto a los combustibles y dejó fuera la reforma del sistema de ATN, lo que fue rechazado de plano por los representantes provinciales. “Están ofreciendo una miseria”, resumió un funcionario del interior.
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Una de las propuestas más polémicas fue que cada jurisdicción se haga cargo de finalizar las obras públicas si se eliminan los fondos fiduciarios asociados. La reacción no se hizo esperar: “Ingresos y gastos les transfieren”, criticaron. Frente a este escenario, algunos gobernadores evalúan aceptar parcialmente la oferta para usar esos fondos en necesidades urgentes, aunque no terminen las obras.
En el Congreso, en cambio, el impulso por reformar el sistema sigue firme. La iniciativa busca que las provincias reciban automáticamente el 58,36% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y que el reparto de ATN deje de ser discrecional. Aunque no se espera una respuesta unificada de los gobernadores en otras votaciones, esta ley aparece como un punto de consenso para presionar al Ejecutivo y redefinir el mapa de distribución de recursos en el país.
Fuente: Infobae.
