Este jueves, el fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri; al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; al Canciller, Jorge Faurie; al secretario de Energía de la nación, Sebastián Lopetegui; y al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren; por “traición a la Patria”.
La imputación se resolvió por el acuerdo bilateral firmado entre la Argentina y el Reino Unido que permitió que a partir de este mes se comience a volar semanalmente desde Brasil hacia Malvinas, con una escala mensual en Córdoba.
Además, por el acuerdo se le concedió la ruta a la firma LATAM.
El fiscal Di Lello cuestionó el decreto 602/2019, que autorizó a la aerolínea brasileña a viajar a las Islas y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo, programado para el 20 de noviembre próximo.
Además, la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 cuestionó que la decisión no haya pasado por el Congreso y aclaró que esta era su “obligación institucional”, ante “el posible menoscabo de la soberanía nacional”.
“Entiendo que el Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito.
“Entiendo que existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”, finaliza el escrito del fiscal.
Vale recordar que la denuncia fue presentada por la abogada Valeria Laura Carreras en septiembre. La letrada pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un “daño inminente a los intereses” de la Argentina si se concretase el primer vuelo.
“Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, cuestiona Carreras.
De acuerdo a la denuncia, avalar el transporte de material y personas a las islas “sin mínimo control y conocimiento de la Argentina (…) viola la soberanía del espacio aéreo”, y beneficia a Gran Bretaña.
