Tarrant, de 28 años, comparecerá por videoconferencia desde la prisión ante el Tribunal Superior de Christchurch, ciudad de la Isla Sur neozelandesa donde cometió la masacre el pasado 15 de marzo.
El acusado asaltó las mezquitas de Al Noor y Linwood de Auckland y disparó a quemarropa con armas automáticas a los feligreses que realizaban la tradicional oración de los viernes mientras lo retransmitía en directo a través de Facebook.
En la vista se abordarán asuntos administrativos y de procedimiento entre el juez Cameron Mander, los abogados, el acusado, el personal de seguridad y los agentes de la policía a cargo del caso.
El magistrado adelantó que considera que la sesión será «relativamente corta» porque principalmente se referirá a la representación legal de Tarrant, quien en esta ocasión no estará obligado a declararse inocente o culpable de los cargos que se le imputan.
La Fiscalía buscaría procesarlo bajo la Ley de Supresión Terrorista, introducida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según informó el diario New Zealand Herald, pero para ello necesitará el consentimiento de la Abogacía del Estado.
Tarrant comparecerá por segunda vez ante un juez después de que el día siguiente de la masacre fuera llevado al tribunal de distrito de Christchurch, donde fue imputado con un cargo de asesinato.
En esa vista, el acusado despidió al abogado de oficio que se le había asignado y declaró su intención de defenderse por su cuenta.
Ese letrado, Richard Peters, aseguró que Tarrant no mostró ningún tipo de arrepentimiento y que no le pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista que, según apuntó, el acusado podría buscar difundir utilizando el juicio como altavoz.
Tarrant, quien tiene entre sus referentes al noruego Anders Breivik, el extremista de ultraderecha que mató en su país a 77 personas en 2011 y que desafió al tribunal haciendo saludos nazi, se encuentra confinado en una celda solitaria en el ala de alta seguridad de la prisión de Paremoremo, en Auckland.
Una fuente de los servicios penitenciarios manifestó al portal de noticias Stuff que Tarrant, a quien la primera ministra Jacinda Ardern se niega a llamar por su nombre para no darle notoriedad, se ha quejado de que se le deniega el acceso a visitas y a llamadas telefónicas.
Tras el ataque, Nueva Zelanda planteó una reforma de la ley de armas para evitar que se repita una nueva masacre, así como medidas contra las difusión de mensajes de odio en las redes sociales.
