La Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública se encuentra investigando una denuncia que se presentó por el destino de la indemnización que debían pagar los responsables de un importante derrame de petróleo ocurrido en Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, en 2007.
La denuncia se presentó el mes pasado por los propios vecinos de Caleta Córdova e involucra a los funcionarios de por entonces, además del destino de los 5 millones de dólares.
Concretamente, el derrame se produjo el 26 de diciembre del 2007 y fue provocado por el buque petrolero “Presidente Arturo Illia”, construido por la empresa Naviera Antares S.A.
En aquella ocasión se produjo una importante contaminación en el mar, el lecho marino, la flora y fauna de la zona y afectando el modo de vida de los vecinos de este sector. Unos 4 kilómetros de la costa de Caleta Córdova se mancharon de petróleo y con el hidrocarburo se contaminó el ecosistema marítimo dejando sin recursos a todo un pueblo de pescadores.
Estuvo prohibido el ingreso a las playas y se vio afectada la actividad económica y social de este sector de Comodoro; entre otros impactos negativos para el sector. Entre las principales especies de aves que se vieron afectadas fueron las macas, patos, cormoranes y pingüinos de Magallanes.
Se inició el proceso de reclamo de una remediación y una indemnización por lo sucedido. En la investigación se dejó constancia que la embarcación se había fabricado a principios de la década de 1980 y debía “jubilarse” en 2009.
El carguero tenía capacidad para transportar 60 mil metros cúbicos, pero cuando se autoabasteció de 32 mil, el capitán observó que una mancha de crudo se expandía en el mar, imagen que fotografió y envió al directivo de Naviera Antares y se provocó un cruce de opiniones en el transcurso del trayecto.
El capitán del carguero no informó del derrame, por eso todo se descubrió recién cuando el crudo llegó a las costas. En el caso de que se hubiera comunicado, las consecuencias habrían sido menores, señalaron los expertos.
Tras el largo proceso, en 2014 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Provincial, bajo la administración de Martín Buzzi, y la Naviera Antares, por la suma de 5 millones de dólares a cambio del desistimiento de las demandas penales y civiles por parte de Provincia.
Vale señalar que la denuncia penal y la demanda civil perseguían el cobro de una reparación superior a los 5 millones de dólares que se terminaron acordando.
De acuerdo a los datos previos, el dinero habría ingresado al Estado con destino específico para la remediación, sin embargo se desconoce el destino de este dinero y es esto lo que se buscará esclarecer con la investigación, a cargo del fiscal Omar Rodríguez y su equipo.
Fuente: Procuración General / elpatagonico.com / adnsur.com
