El magistrado de Rosario, con orden de detención que no se ejecuta por sus fueros, contraatacó en Comodoro Py al financista Fernando Elías Whpei. La causa quedó en el juzgado de María Servini mientras el Consejo de la Magistratura analiza su posible destitución.
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El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, activó una estrategia judicial para intentar frenar su eventual destitución. Con una orden de detención dictada en su contra —que no se cumple por la inmunidad de arresto prevista en la Ley 25.320—, el magistrado denunció en los tribunales de Comodoro Py 2002 al financista arrepentido que lo involucró en el presunto arreglo de causas a cambio de dinero.
La denuncia apunta contra Fernando Elías Whpei, quien declaró como imputado colaborador ante fiscales federales de Rosario y sostuvo que Salmain le permitió comprar US$10 millones al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, cuando regía el cepo cambiario, a cambio de una coima del 10%. Según su relato, el pago —estimado inicialmente en unos US$200.000— debía entregarse en efectivo a través del operador judicial Santiago Busaniche.
La nueva causa contra Whpei recayó por sorteo en el juzgado de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo. Allí, Salmain acusa al financista de mentir para mejorar su situación procesal en el expediente que tramita en Rosario.
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La causa principal avanzó en el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, que a fines del año pasado procesó a Salmain y dictó su prisión preventiva. Sin embargo, la medida no se efectivizó debido a los fueros que protegen a los magistrados mientras no sean removidos.
En el mismo fallo también fueron procesados Whpei y Busaniche. El juez sostuvo que, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, los tres habrían acordado “manipular de manera contraria a derecho” un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, que terminó autorizando la transferencia al exterior de los US$10 millones.
Según la confesión de Whpei, el plan se ejecutó con rapidez, pero el cambio de Gobierno alteró las condiciones financieras y el 10% de la operación se redujo a menos de US$20.000. Siempre de acuerdo con su versión, Salmain se negó a aceptar ese monto y exigió la cifra original. Ante la negativa del financista, habría impulsado una denuncia penal en su contra.
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Los fiscales rosarinos respaldaron parte de la declaración con análisis de movimientos en los expedientes y registros de geolocalización de teléfonos celulares.
En paralelo, la defensa de Busaniche presentó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar la “insustancia de la acción penal y trámite complejo”. La sala sorteada está integrada por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, aunque este último anunció su jubilación a partir del 1° de marzo, por lo que resta definir quién lo reemplazará.
En el plano disciplinario, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura analiza el procesamiento y otras denuncias contra Salmain. Entre ellas figura una presunta irregularidad en el concurso que lo llevó al cargo, al no haber declarado antecedentes laborales vinculados a una expulsión previa del Poder Judicial.
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Mientras la causa penal avanza en Rosario y la ofensiva del juez se despliega en Comodoro Py, el expediente suma tensión institucional: si el Consejo impulsa la acusación formal y el Jurado de Enjuiciamiento decide suspenderlo, la inmunidad de arresto podría caer y la orden de detención quedar habilitada.
El caso combina denuncias de corrupción judicial, uso del régimen de arrepentido y disputas procesales en distintos fueros, con impacto directo en la credibilidad del sistema judicial federal.
Fuente y foto: La Nación
