La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hoy acotar a horarios mínimos la atención al publico para el servicio de justicia y suspender los plazos procesales y administrativos entre mañana y el viernes, como aporte a las medidas restrictivas dispuestas por el Poder Ejecutivo para mitigar la suba de casos de coronavirus.
No obstante la Corte aclaró que «la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente».
En una acordada se indicó que las medidas se tomaron «a fin de asegurar la protección de la salud a la par de garantizar de forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia», dijo el máximo tribunal en una resolución a la que tuvo acceso Télam.
Por otra parte, se aclaró que, como contrapartida, se reforzará la atención en el área de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema.
En su acordada, la Corte dijo que «exhorta a las distintas autoridades que ejercen la superintendencia, al personal y a todo aquel que deba concurrir a cualquier dependencia de este Poder Judicial a extremar y fortalecer las medidas sanitarias y de prevención de COVID-19».
La medida precisó que «la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente».
La Corte llamó también a los tribunales inferiores a «limitar al mínimo posible, durante el mismo período, la atención presencial al público; salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes y conforme a lo que al efecto disponga la respectiva autoridad que ejerza la superintendencia».
El tribunal que preside Carlos Rosenkrantz estableció además que «aquellas autoridades deberán asegurar la mínima asistencia posible de personal a los lugares de trabajo, dando prioridad a la prestación de servicios por medios virtuales o remotos».
En lo referido a la Oficina de Violencia Doméstica señaló que «habilitará una dotación de personal suficiente para el desempeño de sus funciones, siguiendo los lineamientos -sanitarios- y reforzando la participación remota de los profesionales para la atención de los casos que se presenten».
Las disposiciones contaron con las firmas digitales de los jueces Rosenkrantz, Elena Highton (vicepresidenta de la Corte) y los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
